Por Marcelo Falak

Según prometió Pablo Moyano, en estas horas debería saberse si 250.000 camioneros disponen un paro general contra Javier Milei y el plan económico de Luis Toto Caputo,capaz de desquiciar la actividad y el abastecimiento. "Si el 8 de abril no se confirma el aumento (salarial) del 25% para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país", advirtió.

El detalle es que dicho 25% es parte de un acuerdo firmado por el sindicato y dos de las cámaras empresariales del sector, mientras que la tercera, Fedeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarios del Autotransporte de Cargas), marcó su disidencia, dándole a la Secretaría de Trabajo una excusa para no homologar la actualización de los salarios.

Expedientes similares se acumulan sobre los escritorios de la repartición que lidera el ¿ex? Techint Julio Cordero, mientras que otro sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM, vieja conocida del secretario), aún sin entendimiento, se pinta también para la guerra.

El duelo, encarnado por dos de las organizaciones laborales más fuertes, dirime buena parte de la suerte del plan económico y de la fortaleza política del proyecto de ultraderecha. Si vencer la inflación es su mandato histórico y su autoasumido criterio de legitimidad de ejercicio, una interrupción, vía carrera nominal, de la escalera descendente del IPC –25,5% en diciembre; 20,6 en enero; 13,2 en febrero… ¿10% en marzo, como pronosticó Caputo?– entrañaría peligros relevantes.

El choque, asimismo, desnuda las entrañas del proyecto oficial: el uso secuencial de hiperdevaluación, mayor inflación resultante, licuación persistente de salarios y jubilaciones, depresión del consumo y megarrecesión como bases de un proyecto para cambiar de raíz el patrón de distribución del ingreso y las bases de la dinámica económica. Esta, en la mileinomía, ya no debe depender del consumo –históricamente más de dos tercios del PBI–, sino de una inversión que debería motivarse en un mercado doméstico reactivado por el Espíritu Santo o por uno internacional súbitamente fértil para un país que no hace más que erosionar su competitividad.

Dichos y hechos de Toto Caputo

En la última edición semanal de su programa televisivo Aló, ministro, Caputo dejó definiciones que cabe creer e interpretar.

Solamente el tono amable de la tertulia disimuló lo mal que declara el funcionario. Por caso, confesó estar enojado por los aumentos de las prepagas –"se les recontrafue la mano", dijo–, aunque no explicó, ni le pidieron que lo haga, por qué él y el Presidente desregularon totalmente ese mercado crudamente oligopólico.

Aun más medulares para los fines de esta nota resultaron sus referencias a la cuestión de los salarios acordados en paritarias.

"No vamos a homologar paritarias por encima de la inflación", aseveró. Frente a la inflación pasada, responde "alpiste" y solo admite actualizaciones en función de la esperada… por él mismo, desde ya. El salario y las jubilaciones ultralicuadas son las verdaderas anclas antiinflacionarias de su plan.

Caputo explicó que la ley lo obliga a homologar o no los acuerdos paritarios y que, en ese sentido, no tiene por qué aceptar acuerdos que –siempre a él– no le parecen "lógicos". El punto es que la ley también le ordenaba regular precios como los de la salud y la educación privadas, entre tantos otros, y que el Gobierno modificó eso por decreto.

Licuados y empobrecidos

El liberalismo prêt-à-porter en curso, que convierte a pobres en indigentes y a las personas de clase media en pobres, pega por todos lados: los ingresos bajan bruscamente en términos reales mientras los precios de los bienes –incluso de alimentos y medicamentos– y los servicios suben. Por si eso fuera poco, las familias deben cerrar filas y atender en la medida posible a sus padres y abuelos abandonados por el Estado, y quienes tienen la suerte de tener salarios todavía dignos deberán hacerse cargo pronto de la reimposición del impuesto a las Ganancias.

Guillermo Francos cifró el nuevo mínimo no imponible entre 1,2 y 2 millones de pesos, ninguna exorbitancia en un país en el que una canasta básica de pobreza supera los $600.000.

Dicho gravamen es, en concepto, justo, pero el contexto descripto, sumado a la decisión oficial de ni siquiera rozar las exenciones y beneficios de los regímenes especiales y a la arbitraria imposición –por un fallo precámbrico de la Corte Suprema– de una alícuota tope del 35% para los más ricos, pone en severo entredicho aquella asunción. Todas las verdades deben ser revisadas en esta Argentina.

Un elemento más en este sentido. En diálogo con este medio, el economista Gustavo Reija comparó los riesgos que entrañaría reinstalar Ganancias para la cuarta categoría con una base imponible baja con lo ocurrido a comienzos del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se incrementó drásticamente ese gravamen en base a un recorte severo de las deducciones. "En ese momento, la economía comenzaba a salir de la recesión, pero la 'tablita de José Luis Machinea cortó de cuajo ese proceso y se sabe qué pasó después", recordó.

La válvula de escape del modelo

¿Cómo cierra semejante proyecto? El propio jefe de Estado lo sugirió durante su aparición en un foro organizado por la Ayn Rand Center Latin America, entidad bautizada en honor de una de las máximas referentes del libertarismo.

Casi a oscuras otra vez, Milei le pidió a su tribu:

"No hagan cosas que sean funcionales a nuestros enemigos. Hay que entender que el poder es un juego de suma cero. A veces, en la función, uno tiene que resolver con restricciones, más de las que uno se imagina. A veces, las peores críticas vienen de nuestro propio bando y son levantadas por nuestros enemigos, no porque les interesen sus ideas, sino porque entienden que es un juego de suma cero y van a utilizar todas las cosas para rompernos".

Para él, la cooperación, la negociación en pos de objetivos menos ambiciosos pero más sustentables, el mutuo beneficio con aliados y la minimización de daños al "otro" son características ajenas a la política. Eso no es solo equivocado; es peligroso.

Dos mensajes temibles

Días atrás, Milei explicitó su nueva vía hacia la dolarización, basada en la "libre competencia de monedas" y no en la compra lisa y llana del circulante por parte del Banco Central, como prometía en la campaña. Parece que las advertencias de que eso habría sido imposible o bien hiperinflacionario eran ciertas, a pesar de la ira que le causaban.

En el nuevo marco, explicó: "Vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón".

Para el jefe de Estado, una existencia cada vez menor de pesos y una cada vez más abundante de dólares marcaría el camino hacia una dolarización silvestre; parece que, al final, seremos Venezuela. En el esquema, quienes perciban sus ingresos en la divisa moribunda tenderían a sufrir en una medida mayor que la que hoy les toca en suerte.

Vale aclarar que "remonetizar" una economía supone, por un lado, su desmonetización previa –en pesos–. Además, implica volcar sobre ella grandes cantidades de dinero, en este caso de dólares, pero no se trataría de dólares cualesquiera, sino de "los del colchón".

Javier Milei y el fetiche de la dolarización.

La definición de Milei condensa dos mensajes que hieren como amenazas.

En primer lugar, avisa a quienes tienen ahorros guardados que la mishiadura va a ser tan grande que muchos argentinos deberán desahorrar, esto es convertir stock de riqueza acumulada en flujo para enfrentar gastos corrientes. Todo, como se dijo, a gran escala. El zócalo traduce: "Te voy a empobrecer".Segundo, los "dólares del colchón" en gran medida no están declarados a la AFIP. El término es amplio y abarca un universo de tenencias que están en hogares, en cajas de seguridad, en cuentas no declaradas del exterior… El INDEC estimaba a fin de 2023 que ascendían a 437.398 millones de dólares, lo que hace de la Argentina el tercer tenedor per capita de billetes verdes en el mundo, sólo detrás, claro, de Estados Unidos y de Rusia.

Cuando Milei invita –fuerza– a vender dólares del colchón admite que un enorme flujo de dinero fugado al fisco se incorpore a la economía. La escala agregada, espera, será masiva, pero a la misma se llegaría por goteo de ventas para la supervivencia mes a mes, acequias en las que plata ahorrada en base a actividades legales se mezclaría con la acumulada por otras vías, como la corrupción y el narcotráfico que, afirma el propio Gobierno, asuelan al país.

El propio Presidente dijo antes de la última Navidad que el mercado del blue, vehículo por excelencia de esos recursos, ya no era ilegal, sino uno "libre". Que el Estado que íntimamente deplora deje de hacer operativos en las cuevas no significa que los cambistas extiendan recibos por la compra y la venta de esas divisas. Es decir, que no sea perseguido no lo hace legal.

¿Un paraíso para el lavado?

El viaducto que abriría para el lavado de dinero la combinación de empobrecimiento de los sectores medios, la "remonetización con los dólares del colchón" y el tortuoso camino de la dolarización silvestre lleva a pensar con preocupación sobre el tipo de economía que se pergeña.

Carlos Rodríguez, el exviceministro de Economía y otrora asesor de Milei, propuso en su momento un esquema vasto de blanqueo de capitales llamado "perdón popular de mercado" (PPM). ¿Pensará el Presidente en una idea de ese tipo a pesar de la eyección de Rodríguez?

Según el economista, su plan obligaría a "explicarle al GAFI que vamos a elevar grotescamente (el monto que se toma en consideración para investigaciones por lavado) para evitar lo que nos pasó en el pasado, que los argentinos se convirtieron en evasores".

El dólar blue cotiza a la baja (Foto: NA)

"Hoy si te agarran con dólares billete te tratan como un narco, sos un lavador de dinero o un presunto narco. Todo eso tiene que desaparecer. Si la AFIP tiene presunción, (entonces) que vayas preso por ser narco, no por tener dólares", añadió Rodríguez para fundamentar la necesidad de que esa entidad sea más permisiva con la Argentina.

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es una organización intergubernamental creada por las potencias del G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero.

Lo anterior no pasaría de una idea intrépida si no fuera, como informó Irina Hauser en Página|12, que "la Inspección General de Justicia de Milei ya firmó diez resoluciones que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo y desregulan la operación de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y offshore, a las que ya no se les exige adecuarse a la ley argentina".

¿Qué dirían de un esquema tipo PPM Estados Unidos y las demás "democracias del mundo libre? ¿Reformarían el GAFI a gusto de la Argentina o convertirían al país en un paria?