Los Custodios exigen transparencia en la contratación de empresas de seguridad

Los Custodios exigen transparencia en la contratación de empresas de seguridad

Se refieren a las contrataciones que realizan privados y el Estado en todos sus niveles; Nacional, Provincial, Municipal, Organismos Descentralizados y Empresas Públicas. Desde el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) denuncian una historia de irregularidades.

La Organización Gremial conducida por el moyanista Christian López subraya: El gobierno nacional que acaba de asumir debe auditar muy seriamente las nuevas licitaciones que realicen los diversos niveles estatales para contratar empresas de seguridad privada. Y debe también investigar los que estén en curso. Es inadmisible que el Estado emplee compañías que tienen parte de su personal en negro, que no abonen los salarios en tiempo y forma, que violen el CCT, que evadan aportes patronales y al fisco.

Las licitaciones tienen que ser necesariamente transparentes, no solo para cuidar el dinero de los contribuyentes sino porque las irregularidades las termina pagando el trabajador con sobrecarga de trabajo y con salarios mal liquidados. Hay empresas que “sorpresivamente” siempre ganan las compulsas, varias realizan “acuerdos”, lo que en economía se denomina la conformación de un Cártel y se reparten las zonas y otras “ganadoras” de compulsas públicas tercerizan a su vez los servicios ganados. Estos procesos turbios perjudican la calidad del servicio prestado, liquidan la libre competencia, transforman a determinados jugadores en dominantes fijando las condiciones de mercado y desde ya generan constantes conflictos gremiales.

Por último, en el comunicado de prensa emitido por el Sindicato de Custodios señalan: Otra deuda histórica del Estado es la escasa o nula fiscalización y control hacia las empresas de seguridad privada que produce todo tipo de anomalías; empresas no registradas que actúan libremente, empresas dirigidas por personal activo de fuerzas de seguridad o por personajes acusados de delitos de lesa humanidad, que no cumplen con la capacitación obligatoria a sus trabajadores o que los certificados de las mismas son fraguados y desde ya la sistemática violación del Convenio Colectivo de Trabajo antes mencionado. Es por todo esto que piden participación en los organismos de control como garantía para terminar con décadas de atropellos.

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