Cuando el Gobierno había logrado encaminar el Procedimiento de crisis iniciado por Carrefour, un nuevo conflicto comenzó a amenazar el plan de salvataje avalado por el Ministerio de Trabajo. 

Se trata de la reacción combinada de las cámaras supermercadistas, que denuncian un trato desigual, y de la rebelión de los delegados de la empresa, quienes buscan bloquear la homologación del convenio y dar batalla incluso en la Justicia.

Toda esta situación volvió a colocar al titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, en el ojo de la tormenta. Él es quien deberá resolver si homologa el acuerdo que encabezó el viernes pasado en la quinta presidencial, junto al CEO local, Rami Baithie, y el líder del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri.

El trato incluye una rebaja del 50% en los impuestos, la reducción de los salarios y un plan de hasta 1.000 retiros voluntarios al 150% de la indemnización por ley.

"Está pendiente la homologación, no tenemos plazo", señaló a iProfesional una fuente de la cartera laboral.

En una guerra de solicitadas, los mayoristas, supermercados regionales y chinos salieron a cuestionar las ventajas otorgadas a la cadena francesa por considerarlas una "distorsión" competitiva que favorecería nuevo "proceso de concentración". 

En las últimas horas, además, pidieron una entrevista con Triaca para alertar las consecuencias que tendría en el resto del sector, incluido el cierre de locales y la pérdida de empleo.

Según los números de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la reducción de cargas le significará a Carrefour un ahorro de $2.000 mensuales por empleado y un total de más de u$s1,5 millones por mes, con un dólar a $20,50. 

"Es el 10% de la estructura de costos, eso volcado a la competitividad, va a generar un caos y una escalada incontenible", dijo a iProfesional Alberto Guida, titular de Cadam.

En tanto, la Cámara de Asociaciones de Supermercados (CAS) y su federación (FAS) también reclamaron "igualdad de trato" y advirtieron que los beneficios concedidos a la firma "exceden lo previsto en un Procedimiento de Crisis normal". Las entidades aseguran que muchos de sus socios estarían en condiciones de presentar un PPC para obtener las mismas concesiones.

Pero consideran que lo que hizo Carrefour fue "un ajuste de sus negocios" en perjuicio de sus competidores, los salarios de sus empleados y los ingresos fiscales. 

"Carrefour entró en un resquicio para autofinanciarse", disparó un supermercadista.