Dos extrabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem) denunciaron la existencia de una connivencia entre las autoridades del gremio y la municipalidad de la Capital, mediante la cual los dejaron sin trabajo. Se trata de Ivana Chazarreta y Carlos Roberto Albarracín, quienes mantienen una demanda civil contra el gremio por la falta del pago de aportes patronales, y quienes aceptaron, por gestiones del secretario general Walther Arévalo, renunciar al gremio y pasar con un contrato de servicio al municipio. Pero transcurridos dos años les dieron de baja y el gremio se negó a restituirles sus trabajos. 

Así lo explicó el abogado de los damnificados, Guillermo Herrera, quien analiza llevar el caso al fuero penal, toda vez que considera que hay elementos para sostener la existencia de una connivencia que le sirvió al gremio para desentenderse de los trabajadores.  

Albarracín y Chazarreta fueron empleados por más de 20 años en el Soem. Desde el año 2004 -mucho antes de la gestión de Arévalo- iniciaron una serie de reclamos judiciales por el incumplimiento del gremio en cuanto a su rol de patronal, ya que no había realizado los aportes correspondientes que religiosamente descontaba de los haberes de los trabajadores. 

Al asumir la gestión de Arévalo, según relató el abogado Herrera, comenzó una suerte de "persecución laboral”, mediante distintas medidas, como la reducción de sueldos, la suspensión de vacaciones, cambios arbitrarios de horarios, pago de haberes inferiores a los establecidos por ley, etc. Algunos empleados, ante estas situaciones, se dieron por despedidos y mantienen un pleito judicial con el gremio desde 2012. 

Convenio

En los casos de Albarracín y Chazarreta, en octubre de 2014 firmaron un convenio con las autoridades del Soem en el que consta que la comisión directiva, encabezada por Arévalo, gestionaría la incorporación a la municipalidad de la Capital, "al sólo objeto de que la agente en cuestión no iniciare acciones legales en contra del Soem”. 

De esta forma, el gremio logró que ambos ingresaran en calidad de contratados, situación que tanto Chazarreta como Albarracín aceptaron, ya que necesitaban sus haberes, incluso cuando el sueldo que iban a cobrar en la Municipalidad era inferior a lo que cobraban en el gremio. Y tenían la esperanza de quedar en planta permanente en el municipio. 

De todas formas, en ese acuerdo se dejó expreso el compromiso por parte de la comisión directiva del gremio de que si el municipio daba por concluido el contrato y no pasaban a planta permanente, el gremio les devolvería sus puestos de trabajo. 

Así transcurrieron dos años desde que ingresaron con contrato a la Municipalidad. En ese período, según señaló el abogado, desde el gremio mantuvieron las presiones sobre los trabajadores para que, además de no iniciar acciones legales por la desvinculación laboral, levantaran las demandas anteriores con las que reclamaban el incumplimiento del pago de los aportes. 

Según señaló el abogado, las presiones llegaron a tal extremo que desde el gremio solicitaron a los superiores de Chazarreta en la Municipalidad que le suspendieran las horas extra. E incluso señaló al secretario gremial del Soem, Gustavo Álvarez, por amenazarla con que si no retiraban las demandas, Arévalo iba a gestionar con el Intendente no sólo que no la dejaran en planta permanente, sino que además le dieran de baja su contrato. Ambas situaciones fueron asentadas en sendas exposiciones policiales.

Para el abogado, la connivencia entre los funcionarios de la Municipalidad y el gremio quedó demostrada cuando, pese a que ambos tenían excelentes legajos, pasados los dos años bajo contrato, el municipio directamente les dio de baja, con lo cual se cumplió la amenaza del gremio. Dado el tiempo transcurrido, también se produjo la pérdida de los derechos laborales con respecto al gremio. 

Ante ello, y tras haber quedado sin trabajo, tanto Albarracín como Chazarreta se presentaron ante el Soem para reclamar sus puestos. Pero a los dos les cerraron la puerta. 

Al reclamar mediante una carta documento el cumplimiento del contrato firmado en octubre de 2014, Arévalo respondió por la misma vía reconociendo la existencia del acuerdo, pero se desentendió de asumir el compromiso de restituirlos al gremio, al sostener que ellos habían incumplido las condiciones del acuerdo, respecto del reclamo judicial. 

Denuncia

El abogado señaló que analiza realizar una causa penal tanto en contra de Arévalo como del intendente Raúl Jalil -que es quien firmó las bajas-. En tal sentido, considera que hay un delito penal que queda demostrado por cómo se dieron los hechos, desde el convenio en el que el gremio gestiona la incorporación de ambos al municipio, como luego las amenazas de que los iban a dejar sin trabajo, las cuales finalmente se cumplieron.