La sala I del Tribunal de Juicio deberá resolver hoy un recurso de hábeas corpus presentado por uno de los imputados en la toma de la sede de la Unión Tranviario Automotor (UTA), ocurrida el 12 de septiembre pasado. El planteo fue realizado por Agustín Cayo a raíz de la excesiva mora en la resolución de la libertad condicional de los 11 imputados acusados en esta causa.

Más de dos semanas han pasado desde la decisión del Tribunal de Juicio de que los detenidos aguarden en libertad la fecha del juicio oral. Para ello hizo firmar un acta compromisos a las esposas en la que asumen el rol de garantes de que sus cónyuges no van a profugarse o entorpecer el proceso judicial. "Este trámite ya se cumplió en todos sus términos, sin embargo, no sabemos cuál es el motivo por el que no se dispone la libertad", expresó a El Tribuno el penalista Roberto Reyes, defensor de Cayo. 

El letrado señaló: "En torno a este tema hay mucho hermetismo y lo único que nos dijeron desde el tribunal es que cualquier novedad la harán por cédula de notificación para evitar que haya filtraciones a la prensa". Reyes refirió que a raíz de esta incertidumbre Cayo resolvió por sus propios medios presentar un hábeas corpus. Se trata de un procedimiento sumarísimo al que toda persona tiene derecho a recurrir ante un juez o un tribunal para que se resuelva su arresto. 

Por ese motivo, según el letrado, Cayo se presentará hoy a la mañana ante el presidente del tribunal, Martín Pérez, para ratificar el pedido que hizo a través de un escrito. "Todos esperamos que esta situación se pueda resolver en el curso de esta semana", dijo Reyes.

LA CAUSAPor la toma del gremio que nuclea a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia, el juez de Garantías Ignacio Colombo dictó el procesamiento y prisión preventiva a 11 de las 32 personas que participaron de este incidente. Entre los acusados hay cuatro integrantes de la comisión directiva de la UTA y dos delegados, quienes están imputados por los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños". Lo que más los compromete es la denuncia del secretario general del sindicato, Jorge Flores, quien acusó a los revoltosos de que lo mantuvieron cautivo por casi diez horas junto a otros dos secretarios y que intentaron coaccionarlo para que renuncie al cargo. 

Para Flores, se trató de un intento de "golpe de estado" para destituirlo, orquestado por los propios miembros de la comisión directiva.

Los imputados son Omar Daniel Pereyra (secretario de Asuntos Gremiales), Walter Ignacio Pérez (delegado), Daniel Hipólito González (delegado), Oscar Raúl Villa, Exequiel Maximiliano Malenque, Oscar Orlando Camacho, Carlos Martín Barrios (secretario de Acta y Difusión), Cristian Alberto Figueroa, Jorge Juan Banda (secretario de Cultura), Sixto Domingo Tactagi (secretario adjunto) y Agustín Darío Cayo.