l Gobierno dará inicio este miércoles a las negociaciones para definir el salario mínimo, vital y móvil en el marco del Consejo del Salario. Como todos los años, la instancia tripartita que incluye empresarios, sindicalistas y funcionarios definirá el piso de ingresos -hoy en $10.000- para 300.000 trabajadores fuera de los convenios colectivos de trabajo, aunque también impactará en los salarios básicos de los docentes y los planes que perciben los trabajadores desocupados que se actualizan en función del mínimo.

Esta vez la discusión tendrá lugar en un contexto marcado por la tensión con el sindicalismo por el embargo de $300 millones a Camioneros y el intento de recorte a las asignaciones familiares, la incertidumbre empresaria por el escándalo de los cuadernos y el temor oficial a que una suba superior a la pauta del 25% provoque una reapertura de las paritarias. 

En ese escenario, se descuenta que el Ministerio de Trabajo, encabezado por Jorge Triaca, fijará un aumento unilateral de esa magnitud y en hasta tres tramos, para llevar al mínimo a $12.500.

El debate comenzará a las 9 de la mañana en la sede de Trabajo, en el piso 18 de Alem 650, en donde se desarrollarán cinco comisiones de trabajo permanentes (salario mínimo, productividad, empleo, formación y fortalecimiento de la seguridad social). Es que, entre sus funciones, el Consejo también define el monto de prestación por desempleo y pautas de productividad. Mientras que a las 16 será el plenario general, del que participarán las entidades empresarias, la CGT y las dos CTA, y Triaca.

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Para las autoridades es clave aminorar el ritmo de los precios para cerrar el año con un aumento no superior al 29%, dentro de las bandas acordadas con el FMI. 

Con ese esquema en mente, cerca del ministro de Trabajo se aferran al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo que indica que el salario mínimo “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Los técnicos de la CGT Alberto Tomassone, Federico West Ocampo y Marta Pujadas afinaron los números ayer por la tarde, siguiendo las directivas de sus dirigentes políticos. En Azopardo se guían por estas horas por la “inflación Macri”, aquella que reconoció el Presidente la semana pasada al proyectar una variación del 30% hacia fin de año, cuando recomendó a la gente que “debe salir a caminar” para encontrar mejores precios. De aplicar ese ajuste, el mínimo pasaría a $13.000, lo que marcaría una pauta superior a la firmada en las paritarias en julio.

Por la dosificación de los aumentos en hasta tres cuotas, los gremios incorporaron hasta ahora subas de entre el 10 y el 20% de un incremento total acordado del 25% en promedio. El Ministerio de Trabajo habilitó el mes pasado la readecuación de los acuerdos, con un plus del 5%, y el adelanto de la revisión de acuerdos en el caso de Comercio, luego de la pauta oficial del 15% anual quedara sepultada por la inflación medida por el INDEC. Con todo, en la CGT no están conformes. “Nos quedamos cortos”, se quejan los abogados de la central.

La entidad comenzó a recibir entre el lunes y el martes las invitaciones, que esta vez llegaron con el membrete de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo del Ministerio de Trabajo, el organismo que habitualmente convocaba a los sindicalistas al Consejo del Salario. Cerca del triunvirato interpretaron el gesto como un reconocimiento por parte del Gobierno del desgaste de la relación entre Triaca y la cúpula de la CGT. La entidad ratificó esta semana la derogación del decreto 702/18 que recorta las asignaciones familiares, cuya aplicación el Gobierno postergó por ahora.

En la otra vereda, en tanto, el denominado Grupo de los Seis, que aglutina a las principales cámaras empresarias del país, se reunió el lunes por la tarde en el primer piso de la Bolsa de Comercio para cerrar filas de cara al Consejo del Salario, tal como adelantó ayer iProfesional. El cónclave encabezado por el hombre de la casa Adelmo Gabbi contó con la participación de Daniel Funes de Rioja (UIA), Abel Guerrieri (Sociedad Rural), Juan Rinaldi (Adeba), Jorge Justo (Cámara de la Construcción), Pedro Etcheverry (Cámara de Comercio) y Octavio Bermejo (Coninagro).

Bajo la consigna de “desacelerar el proceso inflacionario”, los empresarios rechazaron de plano los reclamos sindicales y coincidieron en señalar que su margen de negociación es "estrecho", ya que de aplicarse un ajuste similar al pretendido por las centrales sindicales aseguraron que se podría generar un efecto dominó sobre los salarios básicos de convenio, con una eventual reapertura de paritarias para actualizarlos en línea con el nuevo piso salarial no convencional.

“El sector empleador está muy preocupado por la inflación porque un ajuste del mínimo por inflación podría disparar (nuevos aumentos) en los convenios que tienen un básico relativamente bajo”, dijo a iProfesional Etcheverry. Los empresarios reconocen que algunos convenios, como es el caso del Calzado, quedaron retrasados, pero afirman que la inflación proyectada entre septiembre de este año y el próximo –el período en el que regirá el aumento del salario mínimo- oscilará entre el 20 y el 23%.