Para gremialistas cordobeses, el Estado impulsa un plan de desprestigio

Para gremialistas cordobeses, el Estado impulsa un plan de desprestigio

Referentes de las principales centrales obreras locales coinciden en acusar al Gobierno y a la Justicia de perseguirlos. Piden que se investigue cualquier tipo de enriquecimiento ilegal y despegan a los sindicatos de Córdoba de los manejos en Buenos Aires.

 

La ola de sindicalistas argentinos apuntados por la Justicia crece. En la mayoría de los casos, se trata de dirigentes y cúpulas directivas acusados por delitos económicos y por corrupción.

Los episodios de operativos policiales y judiciales allanando sedes sindicales y viviendas de los implicados fueron materia prima recurrente de medios nacionales y regionales durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento, Córdoba estuvo exenta de situaciones de ese tipo.

La discusión sobre la reforma laboral que procura aprobar el Gobierno nacional en el Congreso y el bajo nivel en la consideración pública sobre la actividad gremial y sus líderes que exhiben las encuestas componen un contexto particular del que algunos de los principales sindicalistas locales ofrecen una visión casi unánime.

Para el titular de la CGT Regional Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, la impronta del gremialismo en la provincia tiene una tradición de transparencia diferente a la de otros puntos del país. “Repudiamos a esos dirigentes sindicales (nota: los que tienen causas judiciales por corrupción) para el caso en el que se demuestre que es cierto. Hay indicios en esos casos, en algunos más que en otros, pero lo cierto es que nos salpica a todos y en Córdoba siempre fue distinto en general”, señaló.

“Quieren instalar que todos somos cortados por la misma tijera y no lo somos. Creo que existe oportunismo político en esto, más allá de que se puedan constatar hechos que jamás defenderíamos, como son los manejos que no benefician a los representados”, prosiguió el legislador peronista.

Pihen ve en la seguidilla de apresamientos una posibilidad para el Gobierno nacional de generar un clima antisindical. “Ese clima apunta a favorecer los mismos principios que alimentaron el embate neoliberal contra el que hemos luchado desde los ’90 para acá, y que viene ahora con todo el empuje de la flexibilización laboral”, expresó Pihen.

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