La confirmación llegó a través de una nota oficial enviada el 22 de diciembre de 2025 al secretario general de la CTA Autónoma Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, en la que la OIT informó que la presentación fue girada al Gobierno argentino para que realice su descargo. El organismo internacional aclaró que, aun si no hay respuesta oficial en un plazo razonable, el caso será igualmente analizado en profundidad.

“Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación, que contiene alegatos sobre violación de los derechos sindicales en Argentina”, señala el texto de la OIT, que además precisa que la organización denunciante cuenta con un mes para ampliar la información presentada. El Comité de Libertad Sindical evaluará el caso una vez recibida la respuesta del Gobierno o vencidos los plazos correspondientes.

Giuliani fue recibido el 15 de diciembre en la sede de la OIT en Ginebra por autoridades del organismo, entre ellas Jean-Philippe Sauvageau, del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. Allí expuso la situación que atraviesan dirigentes sindicales en el marco de protestas sociales y detalló las siete causas judiciales abiertas en su contra por su rol gremial.

En la denuncia, el dirigente sostiene que se violan los Convenios 87 y 98 de la OIT, vinculados a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Según afirmó, la represión y judicialización de la protesta responden a “un abierto y nada inocente intento de disciplinar a las distintas organizaciones sindicales que, disconformes con la realidad, bregan por un cambio dentro de las prerrogativas que la legislación nacional y la normativa internacional les reconoce”. El planteo cuenta con el respaldo de la conducción nacional de la CTA Autónoma, encabezada por Hugo Godoy y la secretaria adjunta María Ana Mandakovic, y el patrocinio legal del equipo jurídico de la central sindical.

La presentación ante la OIT describe una serie de hechos ocurridos desde 2023 hasta la actualidad, en el contexto de movilizaciones contra el aumento de la pobreza, los despidos y el ajuste. Entre ellos se mencionan la Marcha contra el Hambre de abril de 2023, protestas durante una visita presidencial a Córdoba en mayo de 2024, un escrache a la Fundación Mediterránea ese mismo mes y una manifestación frente a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 2025.

Según el documento, estas acciones derivaron en causas judiciales, allanamientos, detenciones arbitrarias y hechos de represión violenta. En uno de esos episodios, Giuliani resultó herido por la Policía y sufrió la fractura de un brazo. “El Poder Judicial de Córdoba interviene como ariete del poder político para amedrentar a los luchadores sociales”, sostiene la denuncia.

También se denuncia un clima de hostigamiento permanente hacia las organizaciones sindicales. “En la puerta de nuestro sindicato había móviles policiales filmando el ingreso de las y los compañeros”, relata el texto, que describe la presencia constante de fuerzas de seguridad durante actividades gremiales.

Para Giuliani, lejos de tratarse de hechos aislados, existe una política sistemática de criminalización de la protesta. “Esta situación se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba. Es la manifestación de la política nacional de criminalización de la protesta llevada al territorio provincial”, afirmó. Incluso advirtió que en algunos procedimientos “aparecen agentes policiales sin identificación, lo que remite a las épocas más oscuras de nuestra historia”.

La denuncia solicita que la OIT admita formalmente el caso, lo considere de carácter grave y urgente, ordene el cese inmediato de la persecución sindical y recomiende al Estado argentino garantizar plenamente la libertad sindical, reparar los daños ya causados y evitar la reiteración de estos hechos en el futuro.