Desde el pasado 6 de julio hay paro en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La huelga es nacional y afecta preferentemente el traslado de hacienda y la actividad en los puertos.

“El paro en las oficinas locales hace que no se pueda enviar hacienda a los frigoríficos o a los remates de feria porque no se otorgan los permisos de tránsito pertinentes. Otro tanto ocurre en los puertos donde los granos, las semillas no pueden salir porque también dependen del documento de tránsito y de la certificación de mercadería”, explicó el delegado de ATE, Antonio Borro.

La huelga se cumple a pesar del dictado de una segunda conciliación obligatoria  que ATE decidió desoír. En tanto, de no haber respuesta sobre la mesa que reunirá a las partes esta semana, las medidas posiblemente “se intensificarán”, adelantó el gremialista e hizo notar: “Se empieza a ver faltante de hacienda”.

Los reclamos comenzaron en 2008, dos años después de la promulgación del convenio colectivo del sector. “El acuerdo establece que a pedido de las partes se podía revisar el convenio cada dos años por las faltas que tenía, porque salió medio débil y a instancias de eso solicitamos en 2008 su reapertura para debatir adicionales, suplementos y funciones específicas que venimos reclamando sin hasta el momento poder abrir ese convenio”, relató Borro.

“Eso nos perjudicó enormemente”, enfatizó. “Además de reclamar por incremento salarial del 40 por ciento; ATE-Senasa exige equiparación salarial de los agentes con los que cumplen tareas similares otros organismos (como Aduana, AFIP, Migraciones, INTA); pase a planta permanente de los contratados; reconocimiento de adicional por zona desfavorable y pago de adicional por función a los trabajadores contratados bajo el Artículo 9”, dice el documento del gremio difundido a raíz de la huelga.

El jueves pasado el Gobierno  a través del Ministerio de Agricultura adelantó una oferta que consistiría en abonar el adicional por zona a los trabajadores y regularizar primero a 800 y luego a 900 trabajadores que hoy están contratados bajo diferentes figuras.

Si bien Borro destacó como importante el ofrecimiento oficial, Borro indicó que “lo más importante es que se abra el convenio colectivo” que traerá mejoras en las condiciones laborales del sector.

En Entre Ríos el organismo posee entre 280 y 290 empleados; mientras que a nivel nacional habría “unas seis mil personas empleadas, de las cuales sólo 2100 estaría en planta permanente”, precisó.

El miércoles a las 14 habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.