Más de la mitad de los ex obreros que trabajaban para Embotelladora Comahue reclaman que la empresa se remate de una vez para poder cobrar sus indemnizaciones. Se lo piden a la Justicia para que resuelva el conflicto cuanto antes, porque en tanto se siga dilatando la definición, la empresa sigue acumulando deuda, hoy son $434 millones, y la compensación que pueden recibir se deprecia.

“Son 84 acreedores, muchos de ellos con 15 y 20 años de antigüedad, y el grupo mayoritario que representa a 60 obreros quiere que la empresa se subaste para cobrar la indemnización que corresponde”, dijo el fiscal jefe Gustavo Herrera.

La situación es por demás acuciante porque varios ni siquiera tienen un trabajo estable y esperan que el resarcimiento les sirva de trampolín para dar vuelta la página, en momentos muy duros para la economía del país. El malestar es tan evidente que la Fiscalía incluso teme que si no se resuelve el conflicto por la vía judicial, lo zanjen los ex obreros por su cuenta.

Embotelladora Comahue debía unos 300 millones de pesos cuando se declaró en quiebra. Actualmente, el monto ronda los $434 millones, según la Justicia.

Herrera se lo hizo saber al juez Marcelo Gómez en una audiencia judicial. Luego, en diálogo con LM Cipolletti, lo ratificó. Dijo que hay tres maneras de resolver los conflictos. Una de ellas es la conciliación, que en el caso fracasó.

Como no fue posible acordar (una mayoría quiere que Interlagos se subaste, otros que sea expropiada), el paso siguiente fue pedir la formulación de cargos -contra los dos ex obreros que tomaron la planta y reclaman la expropiación- y el desalojo. Todavía no se avanza con ese planteo porque uno de ellos no aparece.

“Son dos –Leguizamón y Vallejos- en contra de 60, y el resto no se mete. Son dos los que digitan el futuro de los demás, los que se arrogan un derecho que el resto de sus compañeros no tiene y por su acción se ven privados de una compensación”, advirtió el fiscal jefe.

Por eso, insistió, si este conflicto “no se resuelve a través de la Justicia, va a terminar de la peor forma, por la fuerza, entre los ex obreros”.

El funcionario judicial compartió su preocupación y sostuvo que el Ministerio Público tiene por esta situación argumentos de sobra para pedir el desalojo, teniendo en cuenta, además, que la deuda de la empresa inicialmente era de 300 millones de pesos y hoy ronda los $434 millones. “

“La desobediencia de Leguizamón y Vallejos a la orden judicial no es inocua, causa un perjuicio al resto de sus compañeros que tienen muchos más años de antigüedad”, sostuvo Herrera.

Consideró que ambos viven una “utopía” al pretender que la fábrica se recupere, lo que por otro lado significa que el Estado tiene que pagar la deuda y ponerla a funcionar. Herrera recalcó que ambos están incurriendo en un delito.

La situación judicial de los acusados

Formulación de cargos

Leguizamón ya fue imputado por usurpación y están a la siga de Vallejos para convocarlo a una audiencia con el mismo fin. Si el juez Gómez no avanza con el desalojo, es porque no lo pueden notificar.

Audiencia

Desde el Poder Judicial esperan concretar una audiencia el miércoles 3 de abril para definir la situación de la empresa. El conflicto radica en la imposibilidad de encontrar a Vallejos para notificarlo.