Desde un comienzo el principal esfuerzo del Poder Ejecutivo estuvo puesto en conseguir los votos para la modificación del sistema de movilidad jubilatoria. Otra de las reformas cruciales para la administración de Mauricio Macri era la tributaria, que ayer los diputados se aprestaban a votar. Sin embargo, desde el ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, se anticiparon a negociar con el triunvirato de la CGT la letra de la reforma laboral, que después de varias idas y vueltas fue incluida en las sesiones extraordinarias.

Triaca se ilusionó hasta último momento con que la iniciativa oficial podría tratarse esta semana en el Congreso. Incluso, el miércoles pasado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no descartó que se debatiera antes de fin de año, aunque dejó la puerta abierta para pasar la discusión para más adelante.

La dificultad para tratar y aprobar en Diputados la reforma previsional, sumado a las movilizaciones en las calles, los cacerolazos y los recientes choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, hicieron que desde el Ejecutivo pospusieran el debate de la reforma laboral para febrero próximo, con la expectativa de que el clima político y social esté más calmo y que puedan avanzar en las negociaciones con el presidente del bloque de senadores Justicialista, Miguel Pichetto, que por el momento adelantó su rechazo al proyecto del oficialismo por temor a quedar asociado a la llamada "ley Banelco".

Desde la Casa Rosada también apuestan a tomarse un tiempo más para conseguir el apoyo de algún sector del sindicalismo más crítico. Hasta ahora, sólo cuentan con el acompañamiento de la CGT, que por estas horas es blanco de grandes cuestionamientos desde adentro y afuera por su ambivalente rol ante la reforma previsional.

Al igual que con los cambios en el sistema de movilidad jubilatoria, las organizaciones gremiales nucleadas en la Corriente Federal que conduce Sergio Palazzo; el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli criticaron el proyecto de reforma laboral por considerarlo perjudicial para los trabajadores y prometieron redoblar los esfuerzos para frenarlo en caso de que el gobierno de Macri persista en su intención de aprobarlo.