El SOEM cogobierna

El SOEM cogobierna

Desde hace una semana se desarrolla en la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca un conflicto que exhibe las distorsiones del sistema institucional alentadas por la permisividad de las autoridades. 

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), encabezado por Walter Arévalo, exige al intendente Raúl Jalil las renuncias de los secretarios de Planeamiento y Modernización y de Protección Ciudadana, Aldo Sarquís y Silvio Martoccia, y de la directora de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas, Leyla Mussi Saffie. Los acusan de perseguir y maltratar a empleados de sus áreas, sin especificar quiénes son los agentes maltratados, de qué manera se los maltrata ni en qué consisten las persecuciones aludidas. Como Catamarca es chica, las imputaciones no resultan demasiado verosímiles: entre los rasgos de resalto de Sarquís, Martoccia y Mussi Saffie no figura precisamente el de comportarse como capangas. Podría ser, no obstante, que sufrieran mutaciones en sus personalidades tras acceder a puestos públicos, pero en cualquier caso la falta de especificidad de las acusaciones del sindicato obstaculiza el inicio de los trámites administrativos y eventualmente judiciales tendientes a sancionarlos. La prédica del SOEM se circunscribe a denostarlos y pedir su decapitación. Esto es: el sindicato se arroga la atribución de manejarle el gabinete al intendente Raúl Jalil. Por increíble que parezca, Jalil legitimó la pretensión. Tras recibir a los disconformes en su despacho, dijo: "Nuestra política siempre fue la del diálogo directo desde los funcionarios hacia los delegados y, en caso que esto no suceda, se tendrá que evaluar cambios en el Gabinete porque esto se basa de un trabajo en equipo”. La respuesta del SOEM a la aflojada fue la amenaza de un paro de 48 horas.

Los funcionarios acusados no se han defendido, seguramente porque tienen instrucciones de no hacerlo. Pero tampoco los han defendido las autoridades de la comuna, que por otra parte se abstuvo de tomar decisión alguna sobre los planteos. O sea que se desconoce si el intendente comparte o no lo que el SOEM dice, pues nadie defiende a los funcionarios que él mismo eligió, pero tampoco se los releva. Información suministrada extraoficialmente indica que los escandalosos maltratos y persecuciones consisten en intentar que algunos empleados hagan su trabajo. Parece que la exigencia de cumplir con horarios u objetivos laborales configura para el SOEM maltrato y persecución. ¿Cómo es entonces? ¿Acaso el SOEM cogobierna la Municipalidad junto a Jalil? ¿El intendente debe consensuar la conformación de su equipo con los sindicalistas? Si en efecto existen persecuciones y maltratos, llama la atención que el SOEM no dé mayores detalles. Es más clara, en cambio, la intención del co-gobierno. Pocos antecedentes hay de que se exija la remoción simultánea de tres funcionarios de alto rango, en base a difusas y generalizadas acusaciones.

Nótese la cómoda coyuntura a la que se ha llegado debido a la satisfacción sistemática de cualquier antojo sindical. Los vecinos de San Fernando del Valle podrían quedar sometidos a los incordios de dos días de paro de los municipales porque a Walter Arévalo no le gusta la jeta de Sarquís, Martoccia y Mussi Saffie. El jerarca, por su lado, se permite unas libertades orales que no contribuyen ciertamente a la armonía de la familia municipal que dice buscar: "Este muchacho ya tiene que dejarse de joder un poco y generar ideas para mejorar las cosas", reclamó.

Arévalo contó con la colaboración de Jalil para quedarse con la conducción del sindicato municipal. El intendente quizás supuso que podría manejarlo, pero ya se ve cómo están las cosas: su presunto ahijado le quiere meter mano en el gabinete y en tal tren no trepida en convocar a un paro. Similares conflictos se atraviesan regularmente en el orden provincial, donde también se fomentó la proliferación de sindicatos que supuestamente iban a ser razonables y a poco de andar mostraron las uñas para imponer condiciones en base a atropellos. En el pecado, la penitencia: en la administración pública, cualquier solicitud de eficiencia es interpretada como persecución, cualquier directiva como maltrato.

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