La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa reclamó este jueves la suspensión del Operativo Nacional de Evaluación “Aprender 2016” que lanzó el gobierno nacional en conjunto con las carteras educativas de las provincias. “Las autoridades educativas Nacionales y Provinciales cometen un gravísimo error que consiste en asumir una política educativa que toma a la evaluación como un objetivo y un fin en sí mismo; cuyo único resultado posible es la clasificación de estudiantes primero; docentes e instituciones después”, afirmó el gremio en un comunicado.

“Afirmamos nuestro compromiso con la escuela pública, cómo herramienta fundamental del Derecho Social a la Educación; y en defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación”, dijeron. Y expresaron su oposición “a la puesta en marcha del Operativo Nacional de Evaluación ‘Aprender 2016‘ que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Deportes y por las autoridades educativas de La Pampa”, señaló.

“Estas políticas entienden a la evaluación como un mecanismo cuantificable, medible, comparativo, punitivo y hasta estigmatizante; en lugar de definir previamente un proyecto educativo que contemple la participación de los Trabajadores de la Educación y de la sociedad en su conjunto, en el que la evaluación es una dimensión más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribuya al aprendizaje continuo y colectivo”, prosiguió.

Los gremialistas recordaron que desde UTELPa y CTERA sostuvieron “una lucha histórica para constituirnos como sujetos sociales productores de conocimientos pedagógicos. Por ello, exigimos el cumplimiento de lo establecidos en la Ley de Educación Nacional respecto a la participación democrática de docentes y sindicatos en la definición de políticas para una Escuela Pública, Popular, Democrática y de Calidad”.

“En cambio, esta práctica vulnera los derechos de los Docentes, ya que, entre otras medidas, los obliga a trabajar en un distinto lugar de trabajo y en condiciones no habituales”, diferenciaron.

En es sentido, denunciaron que “ni los Trabajadores de la Educación, ni los Estudiantes, ni las Familias, han sido convocados o informados oficialmente sobre el avance de esta línea de política educativa que sólo pretende ‘medir‘ la ‘calidad educativa‘, bajo los principios y mecanismos de la evaluación externa y estandarizada, donde los Estudiantes y los Educadores son meros objeto de estudio y aplicadores de políticas definidas por los funcionarios que actúan bajo presión de los requerimientos internacionales”.

Por todo esto, exigieron la suspensión del Operativo ‘Aprender 2016‘ y demandaron la apertura inmediata de mesas de diálogo, debate y reflexión, con participación sindical, para llegar a acuerdos sociales sobre los sentidos, características y condiciones de la evaluación “para construir democráticamente un sistema de evaluación sustentado en el Derecho Social a la Educación”.