El gobierno municipal dejará plasmado hoy en el Ministerio de Trabajo de Córdoba su voluntad de absorber a todos los trabajadores de la Cooperativa Integral que prestan el servicio de agua en Villa Carlos Paz, al tiempo que desde el próximo lunes, podrá fijar una nueva fecha para el traspaso de la prestación. 

Así lo confirmó el asesor letrado Darío Pérez, quien manifestó a EL DIARIO que el lunes pasado se celebró la primera audiencia entre las partes y se estableció un plazo de 72 horas para dar a conocer las distintas posición en torno al conflicto.

Se estima que el próximo viernes, la Cámara Contencioso Administrativa Nº2 resolverá si da curso o no al amparo presentado por la Cooperativa Integral o bien si se aparta de la causa.

En simultáneo, avanzan las gestiones en el Ministerio de Trabajo para resolver la cuestión de los trabajadores del servicio. El municipio ratificó su voluntad de incorporarlos respetando su antigüedad, jornada laboral, salarios y representación gremial, y así se plasmará hoy por escrito. Asimismo, hoy se solicitará al ministro que establezca cuál es el número de empleados que pasarán a la órbita municipal (sólo se absorberán a quienes presen el servicio de agua) para zanjar una disputa con el gremio SIPOS.

«Con relación al traspaso del servicio, estamos en un trámite que se lleva a cabo en la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación. Tuvimos una audiencia el día lunes y nos han dado 72 horas para que las partes fijen su posición de manera escrita, nosotros tenemos la idea de que esto ocurrirá a partir del viernes. O bien que se admita la acción de amparo o que se aparte la jueza, o que inadmita la demanda. De todos modos, a partir del día lunes, el municipio estará en condiciones de fijar nueva fecha para la toma de posesión»; explicó el asesor letrado.

«Por una cuestión de tiempos procesales y para darle prioridad al traspaso de los trabajadores, todavía no se ha decidido qué día va a ocurrir. Hoy tendremos una audiencia y tengo instrucción de plasmar por escrito la voluntad del Departamento Ejecutivo de preservas las fuentes laborales, tal y como se había manifestado anteriormente. Vamos a dejar por escrito la nómina de personas comprendidas en el laudo arbitral del Ministerio de Trabajo y vamos a pedir que el ministro corrobore la verosimilitud de lo que estamos diciendo»; agregó Pérez.

En tanto, en relación al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre la utilización de los fondos que la Coopi cobró sobre el rubro-obras, el asesor letrado destacó: «Se trata de un fallo que salió la semana pasada y que todavía no está firme. Estamos haciendo la evaluación y vemos que tiene dos partes, por un lado manifiesta que la cooperativa invirtió los fondos retenidos y por otro, deja en claro que no contaban con autorización para hacerlo. Recordemos que ese rubro, en aquel entonces, lo cobraba directamente la cooperativa y realizaba obras.

En función de la responsabilidad que nos cabe como funcionarios públicos, realizamos un reclamo y finalmente, se expidió el TSJ dejando en claro que, al criterio de la justicia, el dinero se ha invertido pero sin autorización del municipio. El dinero no fue utilizado con la finalidad con la que fue creado el rubro-obras, sino que habría sido utilizado para realizar mejoras necesarias y urgentes. Estamos evaluando si vamos a recurrir o no el fallo, pero hemos actuado correctamente y tomando los recaudos que debían tomarse. Dispusieron de un monto importante de dinero, transgrediendo lo que marcaba la ordenanza y no deja de ser importante remarcarlo».