Tal y como sucedió ayer, la dirigencia de la Coopi se movilizó esta mañana hacia las instalaciones de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca y reclamó contra el traspaso del servicio de agua a la órbita de la Municipalidad. La entidad incurrió en un nuevo acto de rebeldía jurídica contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, que ratificó al gobierno de Villa Carlos Paz como titular del servicio y con potestad de poner fin a la concesión.

Nuevamente, la dirigencia ordenó la movilización de los trabajadores con la premisa de repudiar el ingreso de la comitiva municipal y tomó intervención el gremio SIPOS, que endureció su posición y reclamó que el gobierno municipal garantice las fuentes laborales de todo el personal de la Coopi (aún quienes no prestan el servicio de agua y están abocados a la cobertura de otras prestaciones).

Asimismo, negaron haber presentado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba la nómina de los trabajadores abocados a la prestación del agua potable en la ciudad.

Ayer no se permitió que los peritos municipales accedieran las bases informáticos con los datos de usuarios, las obras realizadas y las rutas de lectura de medidores de agua; el historial de consumos de los usuarios y la información de accesos, en tiempo real, de monitoreos y maniobras de válvula, accesos a controles remotos de bombeos y niveles de tanques de almacenamiento.

Momentos de tensión se vivieron cuando la fuerza policial se vio obligada a ingresar a la entidad junto a la delegación enviada por la Municipalidad, luego que fuesen expulsados violentamente por dirigentes cooperativistas.