El lunes al mediodía se realizó una concentración en la puerta de la Casa Municipal para denunciar distintas situaciones vinculadas al área de Políticas Sociales. Concretamente, se denunció un “vaciamiento” del sector y se reclamó la intervención del intendente Oscar Luciani, a través de un escrito que fue entregado en su Secretaría Privada.

El texto fue firmado por los sindicatos CICOP y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los trabajadores de la Casa de la Juventud y el Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Mercedes.

En la carta, que fue leída en público, se alerta “sobre el vaciamiento que se está llevando a cabo en el área de Políticas Sociales de la Municipalidad de Luján,  donde semana a semana se producen hechos de suma gravedad, que atentan contra el ejercicio de los derechos de la población, como así también, los de trabajadores que se desempeñan en esa área”.

Se marca que a mediados de mayo se mantuvo una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Issouribehere, “donde se plantearon las dificultades que atraviesan los trabajadores sociales ante la inacción, cuando no la indiferencia, del director de Políticas Sociales y de los diversos funcionarios y coordinadores a su cargo”. Según se expresa en la nota presentada a Luciani, en aquel encuentro “la funcionaria reconoció la necesidad de contar con una dirección técnica que permita encauzar y coordinar las acciones territoriales, restableciendo así una estructura funcional que hoy en la práctica está desdibujada”.

“Se acordó esperar la audiencia solicitada al intendente municipal, confirmándonos de este modo, la necesidad de una decisión política por encima de ella, que dé respuesta a los reclamos formulados. Algo parecido ocurrió el lunes 23 de mayo en la reunión mantenida con la secretaria de Gobierno, Rita Sallaberry, quien consideró la dificultad política de cambiar funcionarios, pero indicó que la Secretaría de Desarrollo Social tiene facultades para pedir la designación de personal idóneo en cargos con poder de decisión para su área. Le pedimos que de una buena vez se tomen medidas concretas, porque esta falta de coordinación de las acciones, afecta a personas de carne y hueso, que además pertenecen a los sectores más desprotegidos de la población”, se especifica.

DEUDAS

Los firmantes indican que “ni los requerimientos legales ni los metodológicos prescriptos para las políticas públicas que deben velar por la protección y el ejercicio pleno de los derechos de la población, son atendidos correctamente en el Municipio de Luján”. En ese sentido, se destaca que los problemas registrados en distintas dependencias “determinan la elaboración de diagnósticos y planificaciones que brillan por su ausencia y ni siquiera son avizorados como una vía de posible respuesta, quedando así toda la asistencia reducida a una bolsa alimentaria de cinco productos en forma mensual para grupos generalmente numerosos y que tampoco alcanza para todos los que las necesitan”.

En el plano de enumerar falencias, el texto describe que los abordajes técnicos y las intervenciones quedan librados al ‘buen’ criterio y ‘compromiso’ personal de cada profesional de servicio en el territorio, debido a que “las autoridades se des-responsabilizan de la atención básica que corresponde al Estado como garante de los derechos humanos”.

“El sistema de Promoción y Protección de Derechos, que es la articulación ordenada por ley de todos los actores que trabajan con niños, niñas y adolescentes y tiene encomendado evaluar dispositivos y proponer intervenciones en función de la realidad de cada barrio, no existe como tal y está caracterizado por la precarización laboral de sus trabajadores, el reducido número de profesionales para abordar la gran cantidad y alta complejidad de situaciones vinculadas a la vulneración de derechos de niños y adolescentes expuestos a maltrato o abuso”, se denuncia.

Trabajadores y gremios consideran que existe una “actitud descomprometida” por parte de los funcionarios del área, postura que “afecta la vida de las personas más necesitadas de protección por parte del Estado y dejan un saldo de lamentables e irreparables consecuencias”. Al respecto, marcaron que la gestión encabezada por Luciani carece de “sensibilidad social”.

Otro punto que se cuestiona es el desempeño de la Policía Comunitaria en cuestiones vinculadas a Políticas Sociales: “Intervenciones innecesarias, de brusquedad innecesaria y que reglamentariamente no tienen permitidas. La presencia de estos efectivos en lugares donde se debe atender y asistir a personas, muchas de ellas jóvenes, con problemáticas sociales diversas y complejas, se contradice con la necesidad de brindarles un espacio de contención y respeto, sin los cuales, desistirán de concurrir en busca de ayuda”.

DESMANTELAR

En los últimos días, también se conoció la decisión de la gestión municipal de desarticular el trabajo construido en los últimos años en la Casa de la Juventud, dependencia ubicada en el barrio El Quinto. La resolución apuntó contra coordinadores y profesionales “separándolos entre sí y de sus cargos”. En ese camino, también se dispuso que la radio comunitaria que funciona en el lugar pase a la órbita de la Subsecretaría de Comunicaciones, a cargo de Pablo Vera.

Para los autores de la carta, lo expuesto “constituye, sin lugar a dudas, el desmantelamiento de todo el dispositivo de trabajo y de servicio a la comunidad” (ver “Persecución ideológica a trabajadores de la Casa de la Juventud”).

“El funcionario a cargo, Juan Pablo Merea (subdirector de Juventudes), estudiante de odontología, no ha esbozado hasta el momento lineamientos que permitan conocer qué se le propondrá a los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero sin embargo se le conoce por  haber tapado el mural de homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, con el slogan ‘jóvenes diferentes, quieren una ciudad diferente’ y también por haber convocado a agentes de la Policía Comunitaria para controlar y/o disuadir a los jóvenes que allí concurren,  que en algunos casos sufrieron agresiones”, marcan.

En la carta se formulan diversas preguntas, todavía sin respuestas oficiales: “¿Por qué se destruye lo que funciona? ¿Donde está la democracia, el consenso, el diálogo con que se debe gobernar? ¿Por qué la característica más notoria de esta gestión de gobierno es la ausencia de los funcionarios, desde el intendente para abajo, cuando se trata de asumir la responsabilidad de sus actos?”

Como cierre, se expone que “ante esta situación, decimos que no estamos dispuestos a seguir aceptando la desidia y el descompromiso como forma de gobierno ni la persecución política del personal como respuesta ante la evidencia de la mala gestión y la falta de políticas sociales planificadas”.