Uribe Quispe señaló que entro a trabajar en STIA como administrativa el 28 de septiembre del 2008, y también realizaba tareas para la obra social de sindicato, ubicadas ambas en la sede de Calixto Gauna 368.

"Yo trabajaba de lunes a sábado 8 horas diaria, aunque la mayoría de la veces me tenía que quedar una hora más por pedido del secretario general de STIA, Antonio Cardozo, ahí hacía desde atención y cobro a los afiliados, facturación de gastos, organización de eventos y hasta visitas a las distintas fábricas de alimentos", indicó la demandante.

Sin embargo la relación de Uribe con su jefe se empezó a resentir a partir de que quedó embarazada, ya que no le concedió los días de licencia que le correspondía por ley y todo desemboco cuando en junio del 2011 fue despedida.

"Durante el tiempo que trabaje ahí, estuve siempre en negro y cobraba menos de los que correspondía por convenio para mi puesto, lo máximo que llegue a ganar fue 1.200 pesos, cuando en realidad tendría que haber recibido casi $ 3.200", explicó Uribe.

Desenlace legal

A partir de ahí comenzaría un periplo legal que empezó a partir de las cartas documento que envió al sindicato para reclamar por la indemnización, la cual calcula sería de $ 95.416,82.

Como respuesta a su carta documento, Uribe recibió otra firmada por Antonio Cardozo, en la cual negó que ella haya trabajado para el sindicato y por lo tanto no existía la obligación de resarcirla económicamente.

En esa carta documento, con fecha del 16 de junio de 2011, Cardozo dice que “sólo realizó servicios ocasionales en algunos eventos y colaboraciones puntuales, por ser hija de un afiliado y miembro de la Comisión Directiva".

Finalmente Uribe decidió acudir a la justicia y ante la ausencia de registro escrito, debió recurrir a tres testigos para poder certificar que haya trabajado en STIA.

"Nunca me pagaron aguinaldo, ni vacaciones, ni hicieron algún aporte, a mi papá lo desafiliaron sin ningún motivo después que mande la carta documento y en las últimas que ellos me mandaron me amenazaron con hacerme una denuncia penal y civil por daños y perjuicios, lo feo aquí es que un Sindicato que debe proteger a los trabajadores tenga personas en negro, porque además de mi, hay otros empleados en esa situación", concluyó Janet Uribe Quispe.

Embargo preventivo

El abogado de la demandante, Marcos Güemes, indicó que "el juez tras analizar los argumentos presentados decidió hacer lugar a nuestro pedido de un embargo preventivo, por la sospecha cierta de un posible delito, el cual se libró sobre un inmueble que STIA tiene en Güemes".

El abogado fundamentó el pedido de la medida cautelar en un escrito presentado en el Juzagdo Nº 3, por el cual considera necesaria esta acción debido "a la conducta maliciosa y artera desplegada por los demandados, los que con el objeto de evadir su responsabilidad salarial y resarcitoria, urdieron todo tipo de artilugios al extremo de darse el lujo de responder las misivas intimatorias con argumentos temerarios y falaces".

Uribe señaló al secretario general Antonio Cardozo, que también se desempaña como delegado de la obra social OSPIA, como el responsable de haber llegado a esta situación legal.

Cardozo participó como candidato a Concejal en las internas del Partido Justicialista en las elecciones del 2011.