Luis Nicastro y Rubén Caballero, dirigentes de la cámara, señalaron que una de las normativas más polémicas que se aprobó recientemente obliga a las empresas a fiscalizar que la gente no sobrepase el límite de basura que arroja en los contenedores.

“Nosotros no podemos controlar si está lleno o no el contenedor. Pasan los inspectores y en vez de avisarnos que están completos y los retiremos nos hacen un acta y multa”, explicaron. En ese sentido, los dirigentes plantearon las dificultades que supone este tipo de control porque muchas veces “ni siquiera son las personas que contratan el contenedor las que arrojan la basura, hay muchos vecinos que aprovechan y tiran allí”.

Otra de las ordenanzas que, denunciaron, complican la actividad es la que les exige a las empresas que contratan los contenedores que paguen 100 pesos por cada tonelada de basura que arrojan. “Si no pagan nos retienen los volquetes”, explicaron.

En esa línea, los dirigentes remarcaron que las empresas de contenedores terminan haciendo las veces de “empleados administrativos al Enosur”.

“Nosotros tenemos que avisarle a las empresas que tienen que pagar 100 pesos por tonelada de basura que tiran. No nos corresponde esa tarea”, remarcaron.