La versión la dio a conocer esta tarde a una radio posadeña la diputada y secretaria general de la UDPM, Marilú Leverberg, quien informó que Fernando Dasso –titular del Consejo General de Educación- firmó las revocatorias de los beneficios jurídicos que los gremialistas tienen para hacer cumplir –ante la patronal, en este caso el Estado- de los derechos laborales de sus representados.

La resolución 6903 del Consejo General de Educación, considerada `persecutoria´ por el ala gremial más dura de la protesta docente, alcanzó al líder del Movimiento Pedagógico de Liberación, Rubén Ortíz, a Mónica Gurina, Betina Páez y Blanca Somariva de Compromisos por las Bases, y a Humberto Capli de la Lista Lila.

La medida del gobierno renovador se dicto en medio de las definiciones electorales para el recambio de autoridades del principal gremio docente, UDPM, que se llevarán a cabo el próximo 7 de diciembre. Y ante las tomas de escuelas de los alumnos que reclaman porteros y mejoras edilicias en casi toda la provincia, en consonancia con los paros de fin de año de los maestros que no comulgan con la bendición renovadora de Leverberg.