Mediante un comunicado en su página oficial, ATE Córdoba denunció que durante la jornada de hoy se allanaron la sede sindical de ATE Río Cuarto y el domicilio particular del secretario general de dicha entidad, Federico Giuliani. En los allanamientos se retuvo su teléfono particular y el de uno de sus hijos de 9 años. Este accionar de la justicia, de claro carácter persecutorio, se da supuestamente en el marco de una causa abierta por la represión del pasado 25 de mayo en el marco del acto de Milei en Córdoba. 

Durante la jornada de protesta organizada por sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, la policía de Llaryora desató una dura represión contra los manifestantes hiriendo con balas de goma a trabajadores de ATE, de prensa y deteniendo a docentes. Días atrás, también en la ciudad de Río Cuarto, se habían realizado allanamientos a un vocal y una delegada de ATE por haberse manifestado en contra del diputado nacional por el peronismo cordobés Carlos Gutiérrez por haber votado a favor de la Ley de Bases. 

Recordemos que el fiscal De Aragón ordenó la represión al cacerolazo del 21 de diciembre pasado en el Patio Olmos y quien procesó a dirigentes de organizaciones sociales por manifestarse en reclamo de alimentos. Es quien actúa como brazo judicial de Llaryora para perseguir y criminalizar a quienes salimos a enfrentar el ajuste de Milei y el gobierno provincial.

Estos graves ataques contras las mínimas garantías democráticas tienen que ser repudiadas por todas las organizaciones obreras, sociales, de derechos humanos y estudiantiles. El gobierno provincial no sólo colabora con el plan de Milei y lleva adelante sus políticas de ajuste, también avanza con la criminalización y represión a quienes se manifiestan en contra. La respuesta tiene que ser masiva y en la calle, contra la persecución, la violación de las libertades democráticas y el brutal plan de ajuste.