Así lo indicó el secretario adjunto de la seccional oranense de ATE, Germán Nieva, al ser consultado por la convocatoria a una audiencia de conciliación obligatoria citada por el Ministerio de Trabajo para hoy a las 10 en la sede de la cartera laboral en Salta. Los trabajadores dijeron que quieren seguir negociando en Orán, en donde el miércoles a las 17 se habían reunido las partes. El hecho es que todo se complicó con el pasar de las horas, dado que quedaron encerrados bajo el pedido de los municipales de llegar a un acuerdo.

El reclamo es por el aumento salarial que, si bien ya ha sido acordado respecto de las cifras a incrementar, tiene por obstáculo los tiempos en los cuales se pagará el escalonamiento. La Municipalidad de Orán, a cargo del intendente Marcelo Lara Gros quiere pagar en agosto el total de 1.039 pesos que se otorgará de manera escalonada. Ello, dijo el mandatario comunal, para respetar los plazos en los cuales la provincia otorgará el pago. Los trabajadores, por su parte, quieren que la totalidad de lo acordado se pague a más tardar en mayo.

Nieva indicó que "la gente está desesperada. Muchos no han podido pagar las cuentas y les cortaron la luz".

Represión y sanciones a gremios

El referente de los autoconvocados, Rubén Tolay, indicó por su parte que el paro tiene el 100% de acatamiento, y está envuelto por una negociación en la cual en más de una ocasión "hemos bajado las pretensiones" de los aumentos. Indicó que las entidades representativas pedían un incremento de entre 2.500 y 3.500, bajando las pretensiones en un 75%.

Al explicar la exasperación de los trabajadores, dijo que en más de una ocasión se envió a Policías a la Municipalidad, pese a que la manifestación era pacífica. Leyó esta actitud como dirigida a provocar a los trabajadores para justificar una represión.

El ministro de Trabajo, Eduardo Costello, aseguró ayer que no cambiará el lugar de reunión y que, en caso de que no asistan a la audiencia de esta conciliación que se dispuso hace más de 15 días, se procederá a cumplir con la normativa de sanciones y el posterior pedido de retiro de la personería gremial a los Sindicatos que se encuentren representando a los trabajadores. El intendente Marcelo Lara Gros, en tanto, sostuvo ayer en Cadena Máxima que es él quien tiene "la última palabra".