La entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales de Chaco se reunió esta tarde en una asamblea que se extendió varias horas y de la que hubo más trascendidos que definiciones oficiales.
El secretismo durará no más de 48 horas, el plazo que se dieron para emitir un documento que puntualice los requerimientos del sector tras el análisis de la “carta de intención” que el STJ firmó con el Ejecutivo provincial para iniciar un proceso de equiparación de los sueldos de empleados judiciales chaqueños respecto de los que cobran sus pares del resto del país, habida cuenta de que aquellos son los más bajos. La “carta de intención” (una calificación de los propios jueces) tiene para los ministros del Superior Tribunal de Justicia y para el SEJCH, el sindicato encabezado por Graciela Aranda, el estatuto de “convenio” y promete ser el primer paso en el cumplimiento de una ya extendida demanda. El problema es que no dice cómo ni cuándo, ni establece procedimiento alguno. Aún sin haber elaborado el documento que cristalice su posición, desde la Asociación de Magistrados reconocieron que en la reunión “manifestamos nuestra voluntad de diálogo y de colaborar en mejorar nuestra situación salarial como nos plantearon”, pero Diario Chaco también pudo saber que la discusión fue difícil, álgida, con posiciones muy críticas con respecto al mentado convenio, a derechos que los jueces consideran adquiridos y que no fueron tomados en cuenta (como es el caso de una sentencia que los favorece y que está para su resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación), o puntos “poco claros” como el condicionar las mejoras salariales futuras a una factibilidad presupuestaria que -es sabido- el Poder Judicial no puede controlar. Que no se haga mención de los procedimientos para avanzar en la armonización, así como la completa ausencia de plazos, es lo que para los magistrados convierte al “convenio” en una expresión de buena voluntad, y poco más que eso. De hecho, desde la entidad estarían preparando un nuevo pedido de entrevista con los ministros del Superior para que les expliquen algunos puntos... porque no saben qué propuesta analizar, toda vez que el documento no las contiene. Hubo situaciones llamativas o simplemente desprolijas desde el principio. El convenio que empezó con un encuentro entre Jorge Capitanich y los altos magistrados y siguió con una convocatoria de éstos a los gremios para que se informaran sobre los detalles de la propuesta (que a juzgar por las gacetillas oficiales del Ejecutivo Capitanich les había revelado el día anterior) y dieran su conformidad, y que antes de que la obtuvieran (al menos uno de los sindicatos no la había dado porque no se había reunido para analizarla) ya lo sancionaran, es una de ellas. En síntesis, las críticas de los magistrados al STJ fueron unánimes y al parecer hubo hasta “pases de factura” por temas tales como la implementación del nuevo Código Civil, un hecho histórico a nivel nacional, después de décadas de utilizar el anterior, sin que la cabeza del Poder Judicial chaqueño “organizara nada”. De hecho, el Instituto de Derecho Privado, integrado por el Consejo Profesional de Abogados y la Asociación de Magistrados, organizó cursos para preparar tanto a jueces como a abogados, ya que causas y sentencias deberán ser tratadas desde la nueva normativa en cuanto entre a regir el nuevo Código, e incluso muchos se inscribieron en jornadas en la Facultad de Derecho, sin que el STJ “propusiera nada ni se diera por enterado”. Es posible que los trascendidos y rumores de la extensa asamblea de esa asociación no terminen replicándose en el documento final que queda por elaborar, pero es claro que aun cuando los jueces buscan que prime el diálogo y que el “convenio” o “carta de intención” sea un éxito, los ánimos están caldeados y cierto aire de desilusión se cuela por los corrillos tribunalicios.
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