A poco más de dos semanas de haberse concretado el traspaso del servicio, el SIPOS (Sindicato de Obras Sanitarias de Córdoba) se declaró en estado de asamblea permanente y hoy llevó adelante una asamblea con los trabajadores cooperativos que se sumaron a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y amenazó con un paro. Desde el municipio, salieron a cuestionar la medida y sostuvieron: «Es parte del accionar irracional que viene mostrando el gremio desde un primer momento, un sindicato que no responde a los trabajadores sino a la Cooperativa Integral».

Se trata de la primera medida de fuerza a días de la entrega del servicio de agua, que durante 57 años estuvo en poder de la Coopi y que ahora retornó a la Municipalidad. Los sindicalistas reclaman el alta en la AFIP, y la distribución de herramientas, elementos de higiene y seguridad en el trabajo, mientras que desde el gobierno denunciaron que los insumos de trabajo y los equipos no han sido entregados en tiempo y forma por la antigua prestataria.

Por otro lado, confirmaron que los trabajadores del servicio de agua contarán con la cobertura de la obra social APROSS y llamaron al gremio a garantizar una correcta prestación para los hogares carlospacenses.

Desde el gremio, hicieron hoy una conferencia de prensa, donde anunciaron que si en 36 horas no se revuelven los planteos realizados, el miércoles se llevará adelante una jornada de paro.

«Nuevamente, la dirigencia sindical del SIPOS hace gala de un doble discurso. Se está haciendo un planteo que es extemporáneo, una relación laboral que recién comienza (el traspaso se hizo el pasado 1 de abril) y tengo entendido que incluso la cooperativa no ha terminado de pagar los haberes adeudados. Esta medida de fuerza que han declarado, nos da la impresión que tampoco cumple con la normativa vigente. Todos los servicios esenciales deben garantizar una guardia mínima y cualquier acción de debe ser notificada con cinco días hábiles de anticipado. Entendemos que es un accionar irracional de la dirigencia sindical, como lo ha venido realizando durante todo el trámite administrativo que iniciamos en noviembre del año pasado»; denunció el asesor letrado de la Municipalidad, Darío Pérez.

«Nosotros tuvimos una entrevista con algunos trabajadores incorporados y se les ha comunicado que si faltan algunas herramientas y bienes es porque la cooperativa no cumplió con la entrega como correspondía. Eso será objeto del planteo que corresponde dentro de los treinta días que tenemos para analizar la situación del servicio, que concluye el 30 de mayo. Con respecto a lo demás, ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido como -por ejemplo- saber el talle de cada trabajador para mandar a confeccionar sus uniformes de trabajo. De un día para el otro no se hace, pero lo vamos a solucionar en el corto plazo. Este malestar de algunos trabajadores fomentado por el sindicato, se terminará pronto»; expresó el abogado.

En otro fragmento del diálogo que mantuvo con los medios de prensa, Pérez cuestionó que el sindicato esté convocando a una suerte de paro del servicio cuando hace poco más de dos semanas se concretó el traspaso y que no haya cuestionado el pago informal del 30% del salario de los trabajadores cuando dependían de la Coopi. 

«El miércoles de la semana pasada, durante la audiencia en el Ministerio de Trabajo, la dirigencia sindical acompañó unos certificados de trabajo que dan cuenta de un complemento a la remuneración que perciben los  trabajadores de la Coopi, que asciende a un 30% y se paga de manera irregular e informal y sin aportes previsionales ni patronales. Como consecuencia de esto, el municipio deberá afrontar ese pago pero no lo haremos de esta manera, lo haremos como corresponde y con la inscripción en los organizamos previsionales y de forma gradual»; reveló.

«Es una situación que nos toma por sorpresa, porque tanto la dirigencia sindical como la cooperativa habían ocultado esa información y ahora tendremos que encarar un nuevo esfuerzo económico»; concluyó.