Según ese informe, hay más de 800 casos relevados y registrados que muestran un ataque sistemático a las libertades políticas, civiles, sindicales y sociales, afectando también al derecho a la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de memoria, verdad y justicia, según la central sindical.

Los hechos revelados en este trabajo demuestran que en el periodo que lleva gobernando el frente Cambiemos (UCR-PRO) se produjeron al menos 800 casos de vulneración a los derechos humanos, lo que promedia el triste record de alrededor dos ataques diario en el territorio nacional y cerca de 300 hechos de violencia policial contra ciudadanos civiles en la provincia.

La presentación fue encabezada por Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillen, secretarios Adjuntos de la CTA provincia de Buenos Aires, acompañados por María Reigada secretaria de Derechos Humanos; Estela Díaz, Secretaria de Genero a nivel nacional, y Pablo Masciangelo y Juan Muñoz, secretario de Finanzas y de Organización respectivamente.

Entre los retrocesos en materia de Derechos Humanos, los referentes de la CTA destacaron la detención de Milagro Sala y recordaron que "la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Confederación Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH) han señalado que la líder de la organización Túpac Amaru debe ser liberada de inmediato".

 Pero también se refirieron a la liberación de genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad "que bajo el pretexto de edad avanzada son eximidos de sus penas bajo la forma de prisión domiciliaria, sin contemplar la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, son formas de abandonar las políticas de derechos humanos que años atrás nos llevaron al reconocimiento internacional y que hoy estamos siendo objetados".

 Además advierten que "a esto se suma sendos ataques a grupos políticos, sindicales y sociales, especialmente a jóvenes. Hechos de violencia que son sistemáticamente ignorados por las autoridades nacionales y provinciales y que se niegan a investigar a fondo".