El gobernador Alfredo Cornejo consolida su plan de dar discusiones salariales que no superen el 17% de aumento y, en este sentido, se encamina a cerrar un segundo frente abierto. Ayer fue el tercer (y el último) encuentro entre las autoridades del Ejecutivo y Ampros, el gremio que representa a los profesionales de la Salud (régimen 27).

Sobre la mesa había dos propuestas. La primera es una oferta integral que incluye mejoras en varios adicionales y un aumento del 17% en dos veces, no acumulativo.

La segunda, considerada más “agresiva” por los gremialistas, es una suba por el mismo porcentaje, pero vía decreto (unilateralmente, sin la necesidad de que Ampros firme) y sin el resto de las propuestas. Esta última opción, que obviamente no fue considerada, es la que quedaría en pie si Ampros no acepta la primera.

Así, sin muchas opciones más por delante, el gremio que representa a 12 profesiones de la Salud, se llevó la oferta, que supera al 15 y 16 por ciento ofrecidos antes, para ponerla en consideración de las bases (anteriormente las habían rechazado de plano). El martes que viene, a las 13, el gremio le dará su respuesta al Gobierno.

La oferta en cuestión es lo mismo que ya aceptó ATE para los no profesionales (régimen 15): un aumento no acumulativo del 17% en dos veces (10% a partir de febrero y 7% a partir de julio).

“Se agregan algunos adicionales. Sobre Especialidad, cobrábamos el 20%, pasamos al 27,5%. El adicional Centro de Salud, que cobraba el 40%, en febrero pasa al 47,0.5%. Se iniciará con el 20% en los programas de Preventivas para el Coni, Vacunatorio Central y Casa de la Mujer. Se ha declarado zona de promoción, con un 20% más para hospitales, a las áreas de Alvear, Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Lavalle, Uspallata y La Paz. Los veterinarios cobrarán el riesgo psicofísico, que no lo estaban cobrando”, explicó Isabel del Pópolo, titular de Ampros.

Además, la oferta incluye la posibilidad de volver a sentarse, en el último trimestre del año, a discutir el porcentaje en función a la inflación y la recaudación.

La comisión negociadora se volverá a reunir el 6 de marzo.

Si bien Ampros todavía no da el sí, la aceptación se encamina y Cornejo casi se anota una segunda paritaria a su favor. La primera fue la que cerró con ATE en diciembre, cuando en el marco del bono de Reyes (este extra abrió formalmente todas las discusiones salariales) el gremio combativo aceptó el 17% y de alguna manera “marcó la cancha” al resto de las discusiones salariales.

Si bien las paritarias con los sectores del Estado están abiertas y, ante la consulta, los gremios han rechazado que el Gobierno haya fijado un techo del 17%, lo cierto es que, al parecer, la administración de Cornejo no ofrecerá más y los sindicatos se van haciendo la idea de aceptarlo. O al menos, así ha sucedido hasta ahora.

“Es lo que hay en la alcancía”, justifican en el Gobierno, haciendo referencia a que en el Presupuesto se fijó una masa salarial estimada en este porcentaje.

Otra certidumbre que hay es que las negociaciones salariales tienen una fecha límite, hasta fin de este mes. Es que en el caso de que los gremios muestren resistencia, hay una salida alternativa para el Gobierno, de la que ayer quedó advertido Ampros: Cornejo puede considerar que la discusión no arribó a un acuerdo y firmar, unilateralmente, el aumento por decreto.

De darse este escenario, ni siquiera hace falta una aprobación legislativa (tal como se dio con el ítem Aula, en el que se creaba un nuevo adicional), sino una ratificación fácil de conseguir.

Este desenlace, ocurrido ya el año pasado, desactiva la posibilidad de que los gremios, ante el desacuerdo en paritarias, puedan presionar mediante paros un arreglo mejor.

¿Premio por productividad?

En el Ejecutivo ya piensan en que el año que viene se puede establecer algún ítem de productividad, como lo fue en su momento el ítem Aula para los docentes.

En este caso, sería para la Administración Central. Lo que tienen pensado es que, a partir de la digitalización del sistema y del expediente electrónico, se pueda dar una gestión por resultado, en la que se midan los resultados del trabajo y se establezcan criterios objetivos.

“Si no, termina siendo algo discrecional, que se paga a voluntad del superior sin datos objetivos que permitan medir”, explicó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez