Caso Balcedo: allanan cuatro cajas de seguridad del Soeme pero estaban vacías

Caso Balcedo: allanan cuatro cajas de seguridad del Soeme pero estaban vacías

Fue ordenado por el juez Ernesto Kreplak. En Uruguay investigan a las inmobiliarias que pudieron haber tenido trato con el sindicalista

El juez Ernesto Kreplak ordenó ayer un allanamiento en la sede central del Banco Columbia para registrar cuatro cajas de seguridad que pertenecen al Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), a las que encontró vacías, según confirmaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional y se llevó a cabo en la entidad bancaria ubicada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 300, en pleno microcentro porteño. Las cajas de seguridad estaban al nombre del gremio, cuyo titular, Marcedo Balcedo, se encuentra detenido desde el jueves último en Uruguay.

De acuerdo con lo consignado por fuentes judiciales, las cuatro cajas de seguridad estaban vacías y se encontraban sin uso, “desde el 2015”.

La Justicia sospecha que el sindicalista, posiblemente a través de su mano derecha Mauricio Yebra, habría ordenado extracciones bancarias sin justificación por valor de 80 millones de pesos y que habría utilizado ese dinero para la compra de casas y autos de alta gama en el exterior.

El lunes último fue allanada la concesionaria de autos “El Chaqueñito”, que sería del segundo Balcedo, en la que se encontró una flota de 21 autos, en su mayoría de alta gama, y una moto de agua. Dos de los vehículos tenían prohibición para circular.

En tanto, el sábado último, el juez clausuró las tres sedes de Soeme -en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires- para preservar la documentación y los bienes del gremio, que pueden ser prueba del presunto desvío de fondos por parte de Balcedo.

Balcedo, secretario general del Soeme, fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en la chacra “El Gran Chaparral”, ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que se tramita en el juzgado a cargo de Kreplak, en la que se le sumaría una imputación por presunta asociación ilícita.

La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.

Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.

Por su parte, la justicia uruguaya dictó el viernes la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Kreplak solicite su extradición.

En tanto, según trascendió ayer, también habrían tenido lugar en las últimas horas allanamientos en Uruguay, aunque fuentes con acceso a la causa que tramita el juzgado a cargo de Kreplak negaron que se tratara de procedimientos dispuestos en ese expediente.

Además de Balcedo y su esposa, también quedó detenido en el marco de esta investigación Yebra. Se entregó en los tribunales federales de 8 y 50.

Una fuente cercana a la investigación confirmó que el juez Kreplak corrió vista a la titular de la fiscalía federal número 1 de La Plata, Ana Russo, para que proponga, y si lo considera necesario, de intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y otros organismos especializados de la Procuraduría General de la Nación”.

LA INVESTIGACIÓN EN URUGUAY

En el vecino país, en tanto, la gubernamental Secretaría Antilavado de Uruguay investigará a las inmobiliarias que vendieron propiedades a Balcedo, según se conoció ayer.

Balcedo le habría comprado a un ciudadano francés en 2009 la chacra de Playa Verde, próxima a la ciudad de Piriápolis, y desde entonces habría adquirido otras propiedades, según la publicación.

En Uruguay, las inmobiliarias están obligadas a reportar operaciones sospechosas desde 2004; una obligación que en 2009 se extendió a escribanos y en 2015 a empresas constructoras. Hasta ahora se le adjudican dos propiedades al sindicalista platense: la chacra de Playa Verde, llamada El Gran Chaparral y una segunda propiedad, Sounión, a 2,7 kilómetros de la primera.

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