A fines de 2016, el gobierno bonaerense y los gremios estatales más representativos de la Provincia acordaron un modelo de actualización automática de haberes en función de las mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que fue tomado, por la propia Casa Rosada, como un ejemplo a seguir en todo el país, tanto en lo que se refiere a las negociaciones salariales del ámbito estatal como del privado.

Cuando fue ideado este mecanismo había un escenario de inflación por encima del 35%: 2016 cerró con un incremento del costo de vida del 36%, según el Indec. De esta forma, el gobierno se aseguró, con la denominada cláusula gatillo, cierta estabilidad, evitando acuerdos sectoriales con aumentos por encima del incremento real del costo de vida que habrían incentivado aún más el fuego inflacionario; mientras que los gremios le garantizaron a sus representados percibir ingresos que, al menos, paliaran en parte la pérdida del poder adquisitivo ante el incremento del costo de vida. 

Si bien en algún momento la aplicación de “la actualización automática” despertó algunas dudas, al tratarse de algo totalmente novedoso en el marco de las negociaciones salariales, el gatillo se “disparó”, porque la inflación superó los aumentos de la paritaria y esto derivó en que se le otorguen algunos puntos porcentuales extras a los trabajadores estatales en los incrementos salariales, en un contexto en el que la inflación de 2017 cerró en 24,8%.

Ahora, inspirados en las recetas de la ortodoxia liberal en materia económica, que ponen el eje en la política monetaria y no en la necesidad de reactivar el aparato productivo como forma de combatir la inflación, el Gobierno buscaría borrar de un plumazo la denominada “cláusula gatillo”. ¿El motivo? La imposibilidad de cumplir las metas inflacionarias que el mismo Ministerio de Economía y el Banco Central habían fijado. Concretamente, el equipo económico de Mauricio Macri dijo que supuestamente llegará al 5% recién en 2020 (inicialmente era el objetivo de 2019) y este año se intentará alcanzar un modesto 15%, en lugar del 10% estipulado. 

La mayoría de los analistas coinciden en afirmar que difícilmente pueda cumplirse esta nueva meta, anunciada en la última semana de 2017, y pronostican para este año una inflación varios puntos por encima de las estimaciones oficiales. Es más, muchos economistas privados, que son fuente de consulta de Macri, como así también varios funcionarios, admiten que es más realista pensar en un piso del 18% y un techo que podría llegar al 21% de inflación.

En la Casa Rosada, por su parte, quieren imponer, como sea, ese 15% en las paritarias, sin cláusula gatillo. La situación ya empezó a complicar el panorama en la Provincia de Buenos Aires, donde el Poder Ejecutivo y los gremios estatales y docentes venían manteniendo encuentros informales. Lo que ocurrirá en territorio bonaerense, al igual que lo ocurrido en 2016 y 2017, podría ser el ejemplo a seguir en todo el país, tanto en el sector público como en el privado.

En la Provincia, en distintas reuniones informales celebradas en las últimas semanas, se habló, por ejemplo, de aumentos del 15% en cuotas, pero siempre sobre la base de mantener el mecanismo de actualización automática de haberes. La eliminación de la cláusula gatillo cambió totalmente el escenario. Según el Gobierno nacional, “la revisión de la meta de inflación nos permite que surjan más certezas y se puede pensar que las paritarias pueden rondar ese ámbito de negociación”.

“Para nosotros, si no está en la mesa de discusión la cláusula gatillo, no vamos a aceptar ninguna cifra que proponga el gobierno. Los funcionarios bonaerenses nos habían dado su palabra de que se iba a mantener, pero las últimas novedades nos indican que evidentemente no va a ser tan así. Por ello nosotros no nos vamos a sentar en la mesa de negociaciones bajo estas condiciones”, le dijo a diario Hoy un dirigente de uno de los sindicatos más importantes de la Provincia, con representación en la mesa de negociaciones de los gremios estatales encuadrados en la Ley 10.430.

 Además, agregó: “En octubre pasado, la propia gobernadora nos garantizó el mecanismo de actualización automática, que es la única manera de no perder ante la inflación. También se había comprometido a generar las condiciones para que haya concursos para los ascensos de las categorías que habían quedado vacantes. Eso estábamos negociándolo, pero ahora ni siquiera lo trajeron a la mesa de diálogo en la reunión que mantuvimos la semana pasada”. Un panorama similar se registra en el sector docente, con lo cual no está garantizado que puedan comenzar con normalidad las clases, como se había previsto oficialmente, el próximo 5 de marzo.

“No hay herramientas perfectas”

Ante una consulta de diario Hoy, un alto funcionario del gobierno bonaerense se refirió a las intenciones del Gobierno nacional de no incluir la cláusula gatillo en las negociaciones paritarias.

“No hay herramientas perfectas para toda la vida. El contexto del 2016 indicó plazos cortos de negociación. En tanto, 2017 trajo el gatillo que fue un desarrollo nuestro y 2018 puede traer otras fórmulas, aún la propia cláusula gatillo. Lo que vamos a buscar es siempre previsibilidad y comprometernos a lo que podemos cumplir”, explicó.

El debate por el presentismo

Otro punto de conflicto en las negociaciones salariales es la bonificación por presentismo o productividad que, según había anunciado el propio gobierno bonaerense, se iba a instrumentar a partir de este año. Según la propuesta oficial, la idea era otorgar una bonificación cuatrimestral de 1.200 pesos, mientras que la mayoría de los gremios pedía que el pago de esa suma fuese mensual. Aparentemente, tal como sucedió con la cláusula gatillo, el gobierno no lo llevaría a la mesas de negociaciones. “Hasta hace una semanas veíamos que estábamos muy cerca de llegar a un entendimiento, ahora estamos muy lejos”, dijeron fuentes gremiales consultadas por diario Hoy.