Nuevamente un corte mantuvo tensa la situación en torno al conflicto de Cresta Roja. Durante toda la mañana de ayer y hasta bien entrada la tarde, los trabajadores despedidos cortaron parcialmente la autopista Ezeiza-Cañuelas sentido a Capital para reclamar la reincorporación de 51 personas despedidas el jueves.

En paralelo, un operativo de Gendarmería custodió la situación y también el ingreso en las plantas ubicadas en Esteban Echeverría, para evitar una eventual toma. Es que el Gobierno y la propia empresa quieren evitar a toda costa una situación similar a la de Pepsico, que terminó con un violento desalojo.

Por la tarde, la empresa y los trabajadores fueron citados en el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria dictada el jueves. El objetivo del encuentro era llegar a un acuerdo que satisficiera a las partes y evitar así una escalada del conflicto. Al cierre de esta edición, la reunión no había finalizado.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, la postura de la empresa hasta ese momento había pasado de evaluar una "reincorporación con condiciones" a directamente no considerar esta opción. Los directivos de Cresta Roja aseguran que las personas despedidas son "violentas" y que ése es el motivo de su desvinculación, y no por recortes económicos.

Los 51 empleados, en tanto, fueron notificados de su despido el jueves pasado, cuando quisieron entrar en su lugar de trabajo y no pudieron hacerlo. Antes habían disuelto la comisión interna (que responde a la Federación de Trabajadores de la Alimentación) porque no se sentían representados y luego, por asamblea, votaron nuevos delegados "de hecho". Justamente, señalan que fueron despedidos por este motivo y que Cresta Roja se encuentra en un proceso de "flexibilización laboral".

Además, denunciaron un lockout patronal porque las plantas están parcialmente paralizadas y no les permiten el ingreso, a pesar de estar vigente la conciliación.

Más allá del reclamo puntual, los empleados también buscan visibilizar la situación de las personas que fueron despedidas en 2015 cuando quebró la planta y que nunca fueron reincorporadas cuando la empresa retomó sus actividades. Se trata de unos 900 trabajadores.

Los representantes de los trabajadores aseguran que si no alcanzan una respuesta medianamente favorable -que les permita seguir realizando sus tareas mientras se mantenga la conciliación obligatoria- activarán nuevas medidas de fuerza. Es decir, más cortes e incluso movilizaciones.

Cuando faltan pocas semanas para las elecciones, y con el antecedente Pepsico, éste es un escenario que el Gobierno busca evitar.

Sin embargo, la empresa está firme en su postura.

A los conflictos con el personal caben sumar también algunos de índole económica. Cresta Roja faena, según datos a los que accedió LA NACION, unos 200.000 pollos diarios, un 50% menos de lo que producía cuando la compañía estaba en manos de Rasic. Luego fue adquirida por el consorcio de empresas Proteinsa SA (compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Lacau).