La cúpula de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) fue detenida esta madrugada en operativos que se hicieron en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez.

   Los cargos de los que los acusa el fiscal Gustavo Zorzano son asociación ilícita y extorsión.

   Entre los detenidos se encuentra el máximo dirigente del sindicato, Humberto Monteros, quien fue arrestado en Monte Hermoso con valijas que tenían dinero.

   Además arrestaron a José Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz.

   Los operativos fueron encabezados por el Jefe de la Policía Bonaerense, Fabian Perroni.

   Según la denuncia, la cúpula gremial exigía pagos por fuera de lo convenido a empresarios. Si no aceptaban, frenaban obras en distintos rubros. Por ejemplo esta semana, autoridades de la firma Panedile, a cargo de los trabajos de remodelación de la planta depuradora de la Primera Cuenca, reclamaron por aprietes y detención de las tareas.

   También se acusa a los sindicalistas de obligar a las compañías a contratar determinadas firmas de transporte, de baños químicos, de indumentaria y de catering, cuyos dueños estarían vinculados con el propio gremio, pagando sobreprecios.

   Tras las denuncias públicas, incluyendo las manifestaciones de la gobernadora María Eugenia Vidal en el Club Olimpo durante la campaña electoral, a principios de octubre renunciaron los principales referentes de la UOCRA, que desde entonces quedó a cargo delinterventor Ricardo Rodríguez, gremialista de la construcción de Trenque Lauquen.

   En paralelo a las denuncias en Bahía Blanca, se avanzó también con el sindicato delegación La Plata, donde fue detenido a fines de septiembre el histórico dirigente Juan Pablo "Pata" Medina, acusado por extorsiones y otros delitos.

 "Estamos hablando de mucho dinero"

   El fiscal general Juan Pablo Fernández dijo que "a una sola empresa le pidieron entre 400 y 750 mil pesos, estamos hablando de mucho dinero" y agregó que fueron más de 30 hechos.

   Detalló que no sólo hacían estos "aprietes" a empresas sino también a obras particulares.

   Fernández agregó que los acusados pedían dinero en cuotas y de acuerdo a los montos de la obra, extorsionando con los tiempos en los cuales se debían entregar las obras por parte de la empresa que las llevaba adelante.

   El fiscal manifestó además que los sindicalistas imputados "hacían los reclamos como si fueran cuestiones que perjudicaban a los trabajadores para detener las obras, pero cuando aparecía el dinero, los reclamos desaparecían por más que los reclamos iniciales no se solucionaban".