Para borrar la «mala experiencia» de la anterior gestión, y en señal de distensión hacia los gremios, el Gobierno nacional se propone avanzar con la regularización de unos 10.000 trabajadores de la administración pública que en la actualidad revisten funciones con esquemas de contratación precaria y, de este modo, otorgarles estabilidad en el cargo, independientemente del signo político del presidente de turno.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, se propuso pasar a planta permanente a buena parte de los empleados públicos que están bajo alguna modalidad de «contratación transitoria», para que no sean «víctimas de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno», ni puedan ser removidos de sus cargos ante el cambio de una gestión, como ocurrió entre 2015 y 2019 con cerca de 42.000 despedidos en la era Macri.

La contratación de personal en la administración pública nacional prevé la incorporación de personas por tiempo determinado y su designación en plantas transitorias. A diferencia de los aún más precarios contratos que se ocultan detrás del régimen de locación de servicios con monotributistas, los «planta transitoria» (como los llaman en la jerga estatal) tienen reconocida una relación de dependencia, pero su permanencia está sujeta a revisión cada seis meses o un año.

Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, llevó a cabo una auditoría de cada repartición y estableció niveles de «dotaciones óptimas» por área. La excedencia de personal evaluada por el macrismo llevó al despido de unos 42.000 trabajadores, de los cuales 30.000 estaban vinculados a distintas áreas de la administración pública nacional y organismos descentralizados con contrataciones transitorias. Buena parte de los recortes ocurrieron en los ministerios de Agroindustria y Cultura, y también en entes autárquicos, como el INTI y el Senasa.

Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, llevó a cabo una auditoría no independiente de cada repartición y estableció niveles de «dotaciones óptimas» por área. La “excedencia” de personal evaluada unilateralmente por el macrismo llevó al despido de unos 42.000 trabajadores, de los cuales 30.000 estaban vinculados a distintas áreas de la administración pública nacional y organismos descentralizados con contrataciones transitorias. Buena parte de los recortes ocurrieron en los ministerios de Agroindustria y Cultura, y también en entes autárquicos, como el INTI y el Senasa.