Gremio médico se opone a aval rápido de títulos universitarios venezolanos

Gremio médico se opone a aval rápido de títulos universitarios venezolanos

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (Amap) salió al cruce del proyecto empujado por diputados de Cambiemos para apurar el aval de títulos universitarios venezolanos. La iniciativa activa una habilitación provisoria por cinco años para ocupar puestos en dependencias estatales ante la falta de respuestas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro para con migrantes y exiliados que quieren convalidar sus estudios en la Argentina.

El proyecto, que dio a conocer la semana pasada Ámbito Financiero, establece una habilitación por cinco años renovable y limita “el ejercicio de la profesión al ámbito de los organismos públicos descentralizados y las administraciones nacional, provinciales y municipales con domicilio real laboral en el territorio de la República Argentina; con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del AMBA y las ciudades de La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe”.

La habilitación provisoria comprende a los títulos universitarios de “la medicina, odontología y demás actividades profesionales vinculadas al ámbito sanitario”, “ingeniería y la arquitectura”; “ciencias exactas”; “actividades docentes en todas aquellas disciplinas en las cuales se requieran conocimientos universales, como las ciencias naturales, exactas y biológicas”; y “cualquier otro título docente o universitario cuyo plan de estudio no difiera sustancialmente en sus contenidos respecto de sus equivalentes en la República Argentina, ni requiera un conocimiento especializado vinculado a la residencia en el país”.

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“Me parece una barbaridad. Sinceramente, lo que se está buscando es una nueva forma de precarización laboral”, señaló a este diario el secretario gremial de la Amap, Antonio Di Nanno, quien luego advirtió: “Se están aprovechando, más desde donde viene el proyecto, de la pobre situación que están viviendo los colegas en Venezuela. Ya hay dos estados provinciales, que son Jujuy y Río Negro, que contratan médicos venezolanos violando todas las normas y leyes que tienen que ver con el ejercicio de la profesión médica. No les interesa el plan de estudios ni la formación académica, que es completamente distinta a la que tenemos en nuestro país”.

La iniciativa de Cambiemos deja en claro que para el caso de licenciaturas universitarias, los planes de estudio deben de haber sido de no menos de cinco años de duración, con contenidos acordes a las equivalencias en la Argentina; y para tecnicaturas, un mismo proceso pero un tiempo que baja a tres años.

Además, tendrán que “acreditar no menos de dos años de experiencia en el ejercicio de la profesión, o bien haber culminado estudios de postgrado, maestrías, especializaciones o doctorados de duración equivalente -dos años- en el caso de las licenciaturas universitarias, y no menos de tres años de ejercicio profesional en el caso de las tecnicaturas de nivel terciario”. En tanto, “si fuera necesario, cuando sus titulares hayan ejercido su profesión dentro del territorio de la República de Venezuela se presumirán los años de experiencia en el ejercicio en virtud de los años transcurridos desde el de graduación”.

“Acá no hay voluntad política para pagar a los médicos lo que es justo y debido para trabajar en zonas desfavorables”, manifestó Di Nanno. El gremialista también planteó: “Si van a habilitar títulos médicos para trabajar en el Estado, ¿qué impide que trabajen después en el ámbito privado? Todos van a aprovecharse de esa situación de debilidad para negrearlos y después negociar con nosotros paritarias a la baja, o seguir trabajando sin relación de dependencia, sin normas, sin nada”.

Por otro lado, Di Nanno destacó que la crítica al proyecto no implica “una cuestión xenófoba o discriminatoria”, sino una situación que “atenta contra la salud pública”. Después recordó que, según los datos que maneja el gremio, el 95% de los médicos del interior del país “trabajan sin su empleo registrado”, mientras que en la Capital Federal esa cifra disminuye al 30%, siempre en referencia al sector privado.

En último lugar, el sindicalista sostuvo: “Acá no es el extranjero que le viene a sacar trabajo al argentino, sino abaratar costos al Estado en detrimento de la salud de la población. O como se da ahora con la telemedicina, que atienden por computadora y lo están vendiendo las empresas grandes. Eso va a estallar en algún momento ya que viola todo tipo de normas. Desaparece la relación médico-paciente”.

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