Una intervención que asumió con funciones acotadas y un robo en la sede sindical. Esas son las novedades más importantes en el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

El representante gremial Franco Saillén denunció ayer por redes sociales que se produjo un robo en el inmueble donde funciona el gremio, en calle Roma 1465, de barrio Pueyrredón, en el noreste de la Capital.

“En el día de la fecha (por ayer), en la sede sindical del Surrbac se produjo un robo, el mismo no deja de llamar la atención en las circunstancias legales y políticas que atravesamos”, afirmó Saillén en un posteo de Twitter, acompañado por las fotos que se publican en esta nota.

El hecho se produce a pocos días de que asumió la intervención dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que había provocado el “estado de alerta” por parte del sindicato.

Si bien fue imposible acceder a información oficial por parte de la repartición nacional, La Voz pudo confirmar que finalmente se trató de una medida de efectos acotados.

Trascendió que el interventor, el abogado Alberto Ricardo Simón, asumió a finales de la semana pasada. Sin embargo, la comisión directiva del Surrbac mantiene sus funciones.

Simón sólo se encarga de las cuestiones financieras y administrativas del gremio, mientras que la comisión directiva continúa con el resto de las funciones. Es decir que no fue suspendida, como suele ocurrir cuando se determina la intervención de un gremio.

Fuentes del Ministerio admitieron, en off the record, que no es habitual una intervención con poder tan acotado.

Esa sería la razón por la cual la llegada del interventor pasó totalmente desapercibida, pese a que un nutrido grupo de afiliados encabezado por Franco y Juan Saillén habían rechazado la medida dispuesta por el Gobierno nacional a pedido de la Justicia federal.

La resolución del Ministerio de Trabajo por la que se interviene el sindicato habilita a Simón para “ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades existentes, determinadas por la autoridad judicial”.

En ese sentido, la medida indica que deberá “presentar un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad, como así también una rendición detallada de su gestión en el cargo, en el término de 45 días”, según se informó.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dispuso esta medida el 20 de febrero, a pedido del juez Federal Ricardo Bustos Fierro.

Había expresado en términos contundentes que el fin era “normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue, con el paso del tiempo, generando en el entorno familiar de los principales implicados un cúmulo de bienes que, analizados en perspectiva, ocasionaron un verdadero estupor en toda la comunidad”.

El robo

El robo a las instalaciones gremiales se produjo en la madrugada de ayer. “El hecho delictivo produjo severos daños en el patrimonio de la institución que se van a inventariar una vez que termine con su trabajo la Policía Judicial”, señaló Saillén.

La Voz se contactó con el dirigente, quien indicó que no hay autorización del gremio a dar más información que la publicada debido al “secreto de sumario”.

El ingreso a la sede estuvo restringido, mientras trabajaban efectivos de la Policía Judicial. La investigación habría recaído en la fiscalía de turno del Distrito III, a cargo de Iván Rodríguez.

Según se puede apreciar en las fotos que se replicaron en la cuenta de Twitter del Surrbac, se forzó una puerta y se destruyó la unidad central de la alarma.

También aparecen daños en oficinas, gabinetes revueltos, papeles en el piso, faltantes de computadoras y en una torre portadora de servidores informáticos.

No se informó si la alarma se activó durante el robo, algo que suele suceder con los sistemas de monitoreo como el que se encontraba en la sede sindical. El hecho se produjo durante la madrugada de ayer.

Tampoco se indicó si las cámaras ubicadas en el edificio tomaron imágenes de quienes ingresaron y provocaron los destrozos.

La causa: Directivos presos

La investigación por presuntas irregularidades en el Surrbac se inició en 2016, por la sospecha de que la mutual había sido usada para prácticas financieras y usurarias, con posterior lavado de dinero, lo que habría resultado en millonarias ganancias para los principales directivos del gremio.Desde fines de agosto de 2019, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer. La mutual también está intervenida.