Intervención del SOMU: un negocio millonario a cargo de diputada PRO

Intervención del SOMU: un negocio millonario a cargo de diputada PRO

Un nuevo escándalo envuelve a la diputada nacional Gladys González, esposa además del vicepresidente de la Cámara de diputados de la provincia, Manuel Mosca a quien conoció en su Bolivar natal, e interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que hasta hace poco menos de dos meses conducía Omar "Caballo" Suárez, ahora detenido por desvío de fondos y corrupción.

A la denuncia por pedidos de "retornos" por futuros cargos provinciales, que realizara hace unos meses el concejal de su propio partido Daniel García, se sumaron ahora versiones que indican que utiliza la misma operatoria con los empleados que designo en el SOMU y hasta con los proveedores para garantizarles una nueva contratación.

El círculo de impunidad de González no tiene que ver solo con el acompañamiento de su esposo, uno de los hombres fuertes de Vidal en el armado provincial a pesar de haber iniciado su carrera política de la mano de Emilio Monzó, hoy rival de la gobernadora, sino con un grosero caso de nepotismo, tras la designación de su primo hermano, Jorge Metz, al frente de la Dirección Nacional de Vías Navegables.

Es decir que la familia controla la gestión del organismo que entrega el permiso de navegación para naves extranjeras y también el sindicato que podría oponerse al ingreso de esas mismas naves por la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

Desde Avellaneda, González no solo recauda "el diezmo" en cada uno de sus negocios, sino que favorece la extranjerización de las contrataciones y para mantener las apariencias utiliza como fachada ni más ni menos que la misma compañía nacional que se encuentra sospechada por desvío de fondos en la causa por la que fue detenido el Caballo Suárez.

La realidad es que Mosca fue socio del abogado Juan Rinaldi, que prestó servicios para Suárez, por lo que el sindicalista  cree que lo encarcelaron con información que aportó el diputado provincial. De comprobarse esta hipótesis y mas allá de la culpabilidad del ex titular del SOMU, queda claro que la intervención se trató de una jugada política para quedarse con el control del sindicato.

Se trata además de la primera intervención de un sindicato en democracia después de las dispuestas por Raúl Alfonsín al comienzo de su gestión, ningún gremio sufrió una intervención ante un hecho similar, ni siquiera La Bancaria tras la detención de Juan José Zanola.  Por lo que las sospechas apuntan a una trama de negocios que involucra también al ministro de transporte nacional Guillermo Dietrich, que brega por la extranjerización de la navegación de los ríos argentinos.

Para completar el cuadro hay que decir que al frente del SOMU, González maneja una caja millonaria de 25 millones de pesos mensuales solo de cuota sindical, unos 30 millones anuales más de la fundación del sindicato y casi 30 millones más al menos entre la obra social y la mutual, que por cierto no prestan ningún servicio.

La última información es que la intervención se prorrogó por 4 meses más, es decir que las altas esferas del gobierno tienen una plan para el SOMU que aún no fue completado y prefieren bancar a González a pesar de los escándalos sistemáticos que la acompañan.

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