El arresto domiciliario alcanza a los dirigentes Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); José Zarza; y Guillermo Barreira. En tanto, que el juez Vergara dispuso la libertad de la secretaria gremial de la entidad sindical, Carina Domínguez, y de Zunilda Suárez. No obstante, les impuso la restricción de acercarse a la ciudad de Diamante ni tomar contacto con Trossero. 

Los fiscales Laureano Dato y Gamal Taleb (el fiscal Gilberto Robledo, que había iniciado la investigación, se tomó licencia el jueves) habían pedido la ampliación de la prisión preventiva de los tres hombres, aunque el magistrado sólo accedió a un arresto domiciliario. Todos habían terminado tras las rejas el miércoles 7 luego del escándalo ocurrido con la directora de la Colonia de Salud Mental, a quien se pretendió obligar, bajo amenazas, según los fiscales, a reintegrar a su puesto a una enfermera cuyo contrato se dio de baja a partir del 1º de este mes. 

CRUCE. Los incidentes entre UPCN y la directora Trossero salpicaron al ministro de Salud, Ariel De la Rosa, que ayer presentó su renuncia al cargo. De la Rosa es hombre del sindicato que conduce el diputado provincial José Ángel Allende y había tomado partido por la enfermera que quedó sin contrato. Dijo, en su defensa, que la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante se había “extralimitado” en su función al disponer la baja de un contrato. 

La afectada fue la enfermera Yanina Migueles, delegada de UPCN, y según Trossero, con dos expedientes abiertos en el Ministerio de Salud por faltas disciplinarias, la más grave, por suministrar medicamentos a pacientes en forma equivocada. 

El 1 de junio, Trossero le comunicó a Migueles la finalización del contrato de trabajo –es suplente extraordinaria desde 2013-, medida que motivó una revuelta del sindicato que conduce el diputado José Allende. En una carta que dirigió a los medios de comunicación de Diamante, Trossero hizo públicas “las graves presiones de que he sido víctima por parte de personas pertenecientes al sindicato UPCN”.

“El problema se gestó ante mi decisión de dejar sin efecto el contrato como suplente extraordinaria de Migueles Yanina, enfermera cuyo desempeño no era satisfactorio”, explicó la directora. 

El miércoles 7 un grupo de dirigentes de UPCN llegó al hospital de Diamante con el objetivo de obligar a la funcionaria a dar marcha atrás, y la situación derivó en la detención de cinco gremialistas, entre ellos el secretario adjunto y director del Iosper, Fabián Monzón, y la secretaria gremial, Carina Domínguez. También terminaron tras las rejas Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira.

Llegaron con una resolución firmada por De la Rosa en la que se disponía la reincorporación de Migueles, medida que Trossero resistió.

Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, dijo que la decisión del ministro De la Rosa de revocar el corte del contrato laboral a la enfermera de Diamante estuvo motivada en las irregularidades que cometió la directora. “La empleada Migueles presentó un recurso de apelación jerárquica, invocando la tutela sindical, ante el fin de su contrato como suplente extraordinaria. Entendimos que el tema era suficientemente grave, por lo que resolvimos, con celeridad, disponer la continuidad de la suplencia extraordinaria”.

En base al dictamen que firmó Berta el ministro De la Rosa emitió la resolución y de la notificación se encargó el director de Salud Mental, Carlos Berbara. 

RENUNCIA. Todo hacía suponer que se impondría el criterio de De la Rosa y que no habría reprimenda para la incursión de los dirigentes de UPCN que amenazaron y amedrentaron a la directora. No obstante, la Justicia empezó a trabajar y el miércoles, en medio de una batahola, detuvo a Fabián Monzón, segundo del gremio y director del Iosper. Junto a él fueron llevaron a prisión otros cuatro gremialistas.

Ayer, el Ministerio Público Fiscal pidió que se mantuviera en prisión preventiva a tres de ellos. El fiscal Taleb dijo que la audiencia de ayer fue por el delito de flagrancia, y que en esa instancia el juez recibió la declaración de dos de los involucrados: los dirigentes Fabián Monzón y Carina Dominguez. “La defensa estuvo de acuerdo con las medidas restrictivas que pedimos para las dos mujeres, y a las cuales accedió el juez, pero en cambio se opuso a la preventiva que pedimos por 15 días para los tres hombres. En ese caso, se nos hizo lugar, pero en la modalidad domiciliaria”, amplió el fiscal.

La defensa de los dirigentes sindicales estuvo a cargo de Vanesa Visconti y Marcos Rodríguez Allende. Además, en la audiencia en los Tribunales de Diamante se hizo presente, sin ser parte de momento, el abogado Leopoldo Lambruschini, quien, junto a Julio Federik, asumirá la defensa del ahora exministro de Salud, Ariel de la Rosa que se le imputa la “coautoría de las coacciones”.

Taleb detalló que Zarza, Domínguez y Suárez están imputados por coacciones agravadas, y Monzón y Barreiro por resistencia a la autoridad en concurso ideal con amenazas.

Después de la audiencia de ayer, los fiscales tienen 30 días para concluir la investigación penal. Según Taleb, en ese plazo esperan recibir la declaración de siete testigos, peritar los teléfonos que fueron secuestrados y mandar a pedir información al Ministerio de Salud respecto del caso de la enfermera Migueles, cuyo contrato llegó a su fin el 1 de junio.

“En la audiencia descartamos como causa de justificación el derecho a manifestarse o a protestar. La parte débil era la directora, que estaba sola, la amenazaban y la llamaban desde el Ministerio de Salud para exigirle que dejara sin efecto la medida que había tomado”, explicó Taleb.

En los Tribunales recibieron, además, la presentación, en forma espontánea, de un escrito del exministro De la Rosa, en la que manifiesta su total disponibilidad con la Justicia, haciendo saber que sus abogados son Leopoldo Lambruschini y Julio Federik.DIMISIÓN DEL MINISTRO

Bordet le aceptó la renuncia a De la RosaEl gobernador Gustavo Bordet le aceptó ayer la renuncia que presentó el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, quien fue imputado en la Justicia por Coacción Simple en la causa que se sigue por amenazas de dirigentes de UPCN a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero. El juez de Garantías de Diamante, Julián Carlos Vergara, citó al ex funcionario a declarar el jueves, a las 16

El fiscal Gamal Taleb informó sobre la imputación del ahora exministro: Coacción Simple en Concurso Real por obligar la reincorporación sin seguir los canales jerárquicos, figura que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión. También detalló que De la Rosa no tiene ningún tipo de restricciones de su libertad. Taleb indicó que a partir de la denuncia que hizo la directora de la Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero, De la Rosa queda imputado por haberla “coaccionado el martes en una comunicación telefónica con el objeto de que proceda a reincorporar a la persona cesanteada. A su vez, el miércoles, por haber actuado en forma conjunta, no físicamente, pero sí haberse puesto de acuerdo con los sindicalistas de UPCN con el objeto de torcer la voluntad de la licenciada Trossero y lograr la reincorporación, facilitándole una copia de la resolución que habría ordenado esa reincorporación”. Se ordenó el secuestro de cuatro celulares, para ser inspeccionados por el gabinete de Informática Jurídica, a los efectos de establecer que había comunicaciones entre estas dos partes (De la Rosa y los sindicalistas) y cuál era el contenido de ellas.