La pata sindicalista del massismo en Diputados, Facundo Moyano, quiere que las fuerzas de seguridad cuenten con personería gremial, más allá del fallo del año pasado de la Corte Suprema contra una agrupación de policías bonaerenses.

Según el articulado del proyecto -que es un espejo de una iniciativa de 2012-, establece que "los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Penitenciarias, Nacionales y Provinciales, activos, retirados, jubilados y pensionados gozan de los derechos civiles esenciales para el ejercicio de la libertad sindical para defensa de sus intereses profesionales".

El texto además contempla que los agentes "tienen el derecho de constituir sin ninguna distinción y sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, así como afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas, teniendo derecho a formular propuestas o dirigir peticiones a las autoridades competentes, como así también ejercer la representación de sus afiliados ante los organismos competentes de la administración pública".

Según el proyecto de Moyano, "la participación de los agentes del Estado del personal de las fuerzas de seguridad y penitenciarias y la actividad desplegada en el marco de dichas organizaciones no implica falta disciplinaria alguna", y desactiva "las disposiciones de las leyes orgánicas y reglamentos disciplinarios de las fuerzas de seguridad y penitenciarias que establecen prohibiciones o reglamentan faltas disciplinarias por participar en actividades gremiales".

"En nuestro país no se ha dictado legislación alguna que prohíba la posibilidad de sindicalización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias, si bien la numerosa cantidad de sindicatos existentes a la fecha, por razones meramente políticas, no han logrado aún el reconocimiento legal correspondiente", señala en los argumentos de la iniciativa el diputado que responde al serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Sin embargo, en abril del año pasado la Corte Suprema de Justicia, después de analizar el debate constituyente de la Convención de 1957, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Argentina, y el tratamiento constitucional y legislativo posterior que nuestro país dio al problema de la sindicalización de la Policía, concluyó que el artículo 14 bis de la Constitución no concede dicho derecho al personal policial. 

Los magistrados Ricardo Lorenzetti -titular-, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz unificaron posición, mientras que Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en disidencia. El último incluso aclaró que los policías bonaerenses pueden formar un sindicato pero de ninguna manera ejercer el derecho de huelga, ya que se gatillaría una incompatibilidad con el régimen jerárquico y disciplinario que caracteriza a toda fuerza de seguridad.

Sobre este punto, Moyano reconoce en su proyecto que el equilibrio buscado "determina que la actividad sindical de los agentes de las fuerzas de seguridad y penitenciarios puede someterse a algunas limitaciones o restricciones que no rigen para otros trabajadores de la actividad pública o privada -por ser un servicio esencial-, propias de instituciones sometidas a reglas específicas de disciplina y jerarquía y a las necesidades de una sociedad democrática".

Por último, el diputado del Frente Renovador sostiene que "existen numerosas experiencias válidas en el derecho comparado de sindicalización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como Israel, Holanda y Estados Unidos", países en los que "dicha situación laboral en nada impide una adecuada situación militar", lo mismo que en "Uruguay, Suecia, España", entre otros, llegándose "a comprobar un mejoramiento sustancial en el servicio de la seguridad pública de estas naciones".