La causa, caratulada “Federación Argentina de Colegios de Abogados y otros c/ EN – Ley 27739 s/ Proceso de conocimiento” , cuestiona la constitucionalidad de las reformas introducidas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a través de la Ley 27.802 de reforma laboral.

La decisión judicial dispuso la suspensión por el término de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva (lo que suceda primero) de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. De este modo, el magistrado ordenó restablecer la plena vigencia de las redacciones históricas de los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 (LCT).

La acción colectiva sumó un amplio respaldo federal a través de la adhesión formal de los colegios de abogados de La Matanza, Reconquista, Comodoro Rivadavia, Entre Ríos, Esquel, Rafaela, Rosario, Marcos Juárez, General Roca y el Foro de Abogados de San Juan.

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la paralización del artículo 10 de la Ley 27.802, el cual modificaba el artículo 20 de la LCT. La reforma buscaba imponer una evaluación objetiva sobre la llamada pluspetición inexcusable, habilitando condenas solidarias en costas sobre los letrados por la mera desestimación o readecuación cuantitativa de rubros reclamados en las demandas.

Desde la FACA y los colegios adherentes se había denunciado que esta disposición arremetía contra garantías constitucionales básicas, al generar un efecto disuasivo sobre la litigación laboral: ante el riesgo patrimonial directo, los profesionales se verían empujados a rechazar la representación técnica de los trabajadores, restringiendo de hecho el acceso a la justicia y vulnerando el principio protectorio de gratuidad procesal. Con la medida cautelar, recobra vigencia el texto precedente del artículo 20 de la LCT, frenando la aplicación automática de sanciones a letrados y preservando la tutela del trabajador demandante.

El otro golpe judicial a la reforma laboral recayó sobre el artículo 56 de la Ley 27.802, norma que sustituía el artículo 277 de la LCT habilitando esquemas de pago fraccionado para el cumplimiento de las sentencias condenatorias. Pese a que el Estado Nacional defendió el mecanismo como una vía de protección para las unidades productivas frente a ejecuciones inmediatas, las representaciones profesionales advirtieron que el desdoblamiento vulneraba el derecho de propiedad y licuaba el valor real de las acreencias laborales y los honorarios.

Queda formalmente sin efecto la posibilidad patronal de abonar las condenas en cuotas.

Vuelve a operar la redacción original del artículo 277 de la LCT (t.o. Decreto 390/76), ratificando que todo pago derivado de un litigio laboral debe formalizarse íntegramente mediante depósito judicial a la orden del tribunal interviniente.

Se garantiza la percepción directa y sin diferimientos del crédito alimentario de los trabajadores y de los emolumentos de los letrados.

La causa continuará sustanciándose bajo las reglas del proceso ordinario debido a la complejidad del debate constitucional, mientras el fallo sienta un precedente para frenar la aplicación de la reforma en los tribunales laborales de todo el país.