Peretta: “La voracidad de unos laboratorios están vaciando las arcas estatales y de la seguridad social”

Peretta: “La voracidad de unos laboratorios están vaciando las arcas estatales y de la seguridad social”

El secretario general del SAFyB, Marcelo Peretta, realizo una fuerte crítica a la judicialización sobre la cobertura farmacéutica y el multimillonario negocio de los laboratorios, exprimiendo las arcas del estado y desfinanciando la seguridad social. Además, propuso “una especie de “paritaria” anual entre empresarios, sindicatos, consumidores y Estado, que dé previsibilidad al precio de los remedios.

El Doctor en Farmacia y Bioquímica y dirigente gremial, Marcelo Peretta de arranque lanzó una pregunta sobre la mesa, y que comience la reflexión. ¿“Es solución judicializar la cobertura farmacéutica”?

“El libre mercado llevó el precio de los remedios a las nubes. El poderío de los laboratorios es tal, que si el paciente no puede afrontar el costo de un fármaco, obligan solidariamente a obras sociales, prepagas y hasta el propio Estado”, conto el doctor.

El Ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, confirmó su preocupación porque el Estado recibe unos 10 amparos diarios para pagar remedios caros, el último fue por 15 millones de pesos.

“Estas decisiones judiciales obligan a pagarle al laboratorio productor remedios de nueva generación, sin probada eficacia, pero con precios 50 o más veces superiores al de la vieja generación que pretenden reemplazar”, resaltó Peretta.

Y agregó: “Las Obras Sociales también reciben amparos millonarios obligándolas a cubrir tratamientos farmacéuticos de alto precio, y si el agente del seguro demora unos días en pagar el remedio, le embargan la cuenta bancaria y directamente le toman la plata”.

“La discusión, no es, si debe o no cubrirse el medicamento, sino qué precio tiene ese producto sujeto o no a cobertura”.

 “Un disparate, considerando que el dinero es de los trabajadores y si se abona un exagerado precio de un fármaco no se dispondrá de fondos suficientes para cubrir las restantes prestaciones para los demás pacientes”, resaltó el dirigente a la vez que aseveró: “O sea que la voracidad de unos laboratorios están vaciando las arcas estatales y de la seguridad social amparados en supuestas mejoras para la salud que no están probadas, ya que a menudo los graves efectos secundarios suelen terminar en el retiro del producto del mercado”.

En esta línea, también advirtió que “Si un paciente no puede abonar el alto precio del remedio, el propio laboratorio dispone de -muy especializados estudios jurídicos- que recurren a la justicia y en trámite exprés, ésta le da la razón a la empresa y obliga al sistema de cobertura y/o al Estado a pagar sin más trámite”.

El secretario General de los farmacéuticos y bioquímicos comentó que en este contexto y “producto de la preocupación, que con el fin defender a los pacientes y a la seguridad social de estos abusos de la industria médica, se creó recientemente la Unión de Obras Sociales (USO), cuyo fin es articular los derechos de los pacientes con las obligaciones de los agentes de seguro, principalmente pequeños y medianos, que quedan en bancarrota cuando los obligan a pagar medicamentos de 300 mil, 500 mil o 1 millón de dólares”.

“Considero que llegó la hora de discutir sinceramente el precio de los medicamentos”, afirmó el sindicalista y consideró que: “No podemos mirar para otro lado cuando unos pocos abusadores se quedan con los recursos de casi todos y desamparan a la mayoría.

Por otra parte, Peretta recordó que: “Argentina tiene los fármacos más caros del mundo, incluso más que Estados Unidos e Inglaterra, porque ningún gobierno se atreve a frenar la avaricia de corporaciones más interesadas en el valor de sus acciones que en la salud de la población.

Desde el golpe a Arturo Humberto Illia, ningún presidente se atrevió a enfrentar a las farmacéuticas, que imponen su condición dominante y financian la política con presupuestos para lobby superiores al de petroleras y tabacaleras. Dichas cajas se nutren justamente del elevado precio de venta al público que fijan a los productos sanitarios”.

Entre tanto dato, Marcelo Peretta ordena nuevamente la reflexión y vuelve a poner en eje lo importante: “La discusión, no es, si debe o no cubrirse el medicamento, sino qué precio tiene ese producto sujeto o no a cobertura”.

“Se sabe que los precios de los remedios se fijan con tasas de rentabilidad de entre un mil y treinta mil por ciento respecto de sus costos de producción, y que las investigaciones de las que surgen los nuevos productos no son afrontadas por el laboratorio en su totalidad, sino que son apoyadas con dinero de los contribuyentes, que después son, paradójicamente, condenados a abonar precios carísimos”, aclaró a modo de información.

Y continuó explicando: “Es decir que el laboratorio recibe subsidios, créditos y otros beneficios para investigar y producir nuevos fármacos, que una vez puestos a la venta, tienen precios elevadísimos para recuperar una “inversión” que, como se explicó, fue realizada en su mayoría por el Estado. Hacer silencio frente a este abuso, es pegarse un tiro en los pies”.

“Se sabe que la industria farmacéutica invierte más en marketing que en investigación y que sostiene un sistema de premios y ventajas para quienes prescriben y dispensan productos caros. Con el elevado precio de los remedios, la industria sostiene un sistema descompuesto del que viven malos profesionales de la salud y políticos corruptos”, señaló nuevamente detalles sobre el tema.

En este sentido el también integrante de las 62 organizaciones peronistas resaltó que “el precio de los medicamentos no deben quedar unilateralmente en manos del productor porque son un bien social. El precio debe tener relación con el costo de producción y distribución y la real inversión en investigación y desarrollo. Debemos encontrar un mecanismo apropiado para que el precio de los fármacos lleve tranquilidad a la población, en particular a los jubilados”.

Para finalizar, Peretta planteo su propuesta para esta intrincada situación: “Una ley, un índice o una fórmula podrían garantizar una rentabilidad razonable a los productores, sin quitar acceso a los pacientes. Una especie de “paritaria” anual entre empresarios, sindicatos, consumidores y Estado, que dé previsibilidad al precio de los remedios. Si los trabajadores aceptamos discutir y consensuar nuestro salario, los empresarios podrían hacer lo mismo con el precio de sus productos sanitarios, considerando que éstos son esenciales para vida”.

“Alguien tiene que decirle a los magistrados que los amparos que otorgan no están beneficiando a los pacientes sino enriqueciento a un grupo de vivos que están empobreciendo a la gente y promoviendo una salud cara para pocos”, cerro el dirigente.

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