Piden excarcelación de los diez detenidos en yacimiento minero

Piden excarcelación de los diez detenidos en yacimiento minero

El Partido Obrero y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines solicitaron la liberación de trabajadores detenidos en el yacimiento Minera Santa Cruz por directivas del juez de instrucción de Las Heras, Eduardo Quelín. En tanto, la Asociación Obrera Minera Argentina aún no se expidió.

Vale recordar que el operativo fue llevado a cabo el viernes pasado por fuerzas especiales de la Policía provincial luego de que la compañía que explota el yacimiento de oro y plata "San José-Huevos Verdes", ubicado a 80 kilómetros de Perito Moreno, denunciara ante el juzgado de Quelín que un grupo de manifestantes bloqueaba las instalaciones y paralizaba actividades laborales.

El procedimiento consistió en un desalojo compulsivo y se detuvo a diez trabajadores -entre ellos tres delegados- sobre quienes pesaban denuncias de coacción agravada, los cuales aún permanecen en calabozos de comisarías de Las Heras y Pico Truncado.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Este desenlace tuvo su génesis varias semanas antes cuando los obreros de esa compañía comenzaron a reclamar un incremento salarial del orden del 35 %, tal como lo habían concedido otras mineras que operan en territorio santacruceño.Las rondas de negociaciones no prosperaron e incluso se instrumentó un quite de colaboración.

Ante ello, MineraSanta Cruz cesanteó a una veintena de operarios, desatándose una huelga de casi una semana, la cual quedó superada con una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.De todos modos el conflicto salarial permaneció latente y las partes continuaron negociando, esta vez en Buenos Aires, hacia donde viajaron algunos delegados.

Allí tampoco se llegó a un acuerdo y en la primera semana de julio hubo una asamblea en el yacimiento que determinó su paralización, aunque no está en claro si la decisión fue por mayoría o solo lo dispusieron parte de los casi 1.400 operarios que cubren los dos turnos.

DISCREPANCIAS EN EL GREMIO

Por si esto fuera poco, quedó evidenciada una fractura en la conducción provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que tiene como secretario general a Javier Castro y también hubo fricciones con algunos delegados de su entorno, entre ellos Luis Martínez.Sobre los principales dirigentes, los obreros que disienten con su conducción sostienen que está más ocupado en su postulación a diputado provincial por el oficialismo y de Martínez argumentan que defiende los intereses de la minera ya que tiene un emprendimiento privado y se ocupa de proveerle leña.

En la vereda de enfrente se encuentra una mujer que integra la conducción provincial, Mirta Vega, a cargo de la seccional Perito Moreno.

Esto último se lo dijo a El Patagónico uno de los operarios que desde un primer momento alzó su voz en la protesta, Osvaldo Díaz, el cual también dio a conocer los nombres de sus compañeros que se encuentran detenidos: Juan Portugal, Candelario Velázquez, Reynaldo Villares, Joel Valdés, Rubén Cano, Félix Ramos, Cristian Durán, Fernando Pavón, Pedro Apessetche y Adrian Apaza.Díaz sostuvo que "este acto pisotea todo derecho humano de los trabajadores y no hace más que hacerlos retroceder a las peores épocas de la historia Argentina".

Por su parte, el Partido Obrero pidió públicamente por la excarcelación de esos obreros y resaltó que "además del saqueo permanente de los recursos naturales, estas multinacionales someten a la explotación a los trabajadores que ya venían denunciando la precarización de las condiciones de trabajo, la falta de agua potable en el yacimiento y medidas de seguridad que ya han causado varias muertes obreras".

A su vez, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) consideró que "se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta contra trabajadores que reclaman por sus derechos, como ya ocurrió con este mismo juez (Quelín) con los compañeros petroleros Oñate, Vivares y Armoa, entre otros; o con docentes y estatales en la zona norte de Santa Cruz".En consecuencia, exigió "la libertad y desprocesamiento de todos los luchadores".

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