Luego de la reunión de ayer al mediodía entre el juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, que impuso la intervención en el SOMU hace dos años, y el futuro secretariado nacional de ese gremio se suponía que las nuevas autoridades se retirarían con la potestad de manejar el gremio. Pero no fue así, tomaron lugar las especulaciones y las dudas acerca del futuro del gremio se amplificaron.

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Clarín hizo el recorrido de llamados y se encontró con que desde la Justicia dijeron que era "un tema de Trabajo" y desde la cartera laboral que "era un tema judicial".

Así las cosas, y según reconstruyó Clarín, el juez habría querido imponer la designación de dos veedores, uno de ellos el actual interventor, Silvio Torres, junto al contador, algo que habría sido rechazado por Raúl Durdos, el secretario general electo del gremio.

Siempre de acuerdo a la versión del espacio de Durdos, la lista Verde Federal, lo que se querría evitar es que se "hurgue" en las cuentas de la intervención.

Omar "Caballo" Suárez.

Es que ya existen presentaciones judiciales por "desvíos de fondos". Esto se sumaría a las denuncias sobre centenares de contratados durante la intervención; más allá del "caso Sandra Heredia", la empleada de la familia del ministro de Trabajo Jorge Triaca que había sido designada interventora delegada en la sede de San Fernando del gremio marítimo.

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De hecho, y en una charla que tuvo lugar hace unos días entre Clarín y el propio Durdos, éste había comentado que según su conocimiento había en nomina unos 88 contratados a los que se les vencía el contrato el viernes pasado, pero que "pensaba analizar caso por caso para saber qué decisión tomar". "Nunca es bueno que gente se quede en la calle", había agregado.

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Ayer, de hecho, se especuló con que por la tarde se concretaría el traspaso porque alguien del secretariado electo bajó la orden a los encargados de seguridad del edificio del sindicato de que no dejaran ingresar a personal que no fuera del gremio, incluido el propio interventor Torres, quien viene trabajando con la futura conducción en el traspaso.

Pero también hay otra cuestión que jugó en contra a último momento para avanzar en la entrega del gremio: la Justicia está evaluando la impugnación a las elecciones de diciembre pasado que presentó la lista 33, de Orlando Alfaro, quien se quedó fuera, porque la intervención encontró a su lista "floja de papeles". Ahora, ¿si la Justicia le da lugar, volvería todo el proceso electoral para atrás? Para la lista Verde Federal es otra maniobra para seguir dilatando la cuestión.

El juez Canicoba Corral. Foto Pedro Lázaro Fernández

Finalmente, la rosca política. En el mundillo sindical dicen que la no entrega del gremio es un escarmiento porque dicen que cayó muy mal en el Gobierno que los ganadores se hayan expresado en favor de la marcha del 21F.

Dato extra: en el moyanismo aseguran que los ganadores son tropa propia.