El Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) dispuso la intervención de Amsurrbac, asociación mutual controlada por el sindicato de recolectores que constituye la principal línea de financiamiento con la que cuentan los Saillen para motorizar el proyecto político personal que han construido alrededor del Surrbac.Esta decisión responde a un pedido de la Justicia Federal, que había solicitado la intervención de la mutual así como del propio sindicato. Concedido el primer requerimiento por este órgano dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, todo parece indicar que el Ministerio de Producción y Trabajo haría lo propio resolviendo el desplazamiento de la conducción del Surrbac. Sin embargo, el factor tiempo podría jugarle a favor a los sindicalistas, que esperan que el cambio de signo del Gobierno Nacional les dé aire.

En rigor, esta es una apuesta obligada para los caciques del sindicato. Vale entonces preguntarse qué puertas podrían golpear en el próximo gobierno para buscar algún respaldo.

Tras el estallido del escándalo en plena campaña electoral, con el arresto de Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, y los recordados allanamientos a las propiedades de los gremialistas, el propio Alberto Fernández sugirió a Franco Saillen renunciar a su candidatura. Pero este pedido fue ignorado, y desde entonces el diálogo con el albertismo se habría roto.

Un acercamiento hacia el otro polo del Frente de Todos, el kirchnerismo duro, parecería más probable. Por dos factores. En primer lugar, porque -por descabellado que suene- los Saillen intentan presentar sus peripecias judiciales como una persecución política. Algo muy del buqué de cristinismo. En segundo término, porque los gremialistas podrían encontrar, llegado el caso, algún intermediario con diálogo directo con el Instituto Patria. Recuérdese la cercanía que Franco Saillen mantuvo con la diputada nacional Gabriela Estévez durante una campaña electoral que los gremialistas respaldaron económicamente.

Sin embargo la llegada del clan al los altos mandos del kirchnerismo encuentra un escollo importante, que tiene nombre y apellido: Hugo Moyano.

El líder camionero se recuesta hacía el cristinismo, a diferencia de los líderes de la CGT nacional, más cercanos al albertismo.

Este posicionamiento ha redundado en un reverdecer de la relación Moyano-CFK, y es seguro que el sindicalista espera la oportunidad para recuperar a los recolectores, que antes del cisma producido por Saillen (y facilitado, en ese entonces, por Carlos Tomada) reportaban al convenio colectivo de Camioneros.

Más aún, debería observarse con detenimiento quién es elegido como interventor del Surrbac si la intervención -como se espera- llega a materializarse. Hay quienes creen que el nombre escogido por la Justicia podría ser el de algún colaborador de Moyano.

Finalmente, cabe recordar que el Surrbac se alineó a los reclamos de Rubén Urbano y Pablo Chacón, que criticaron en duros términos la elección que el pasado lunes definió a la nueva conducción de la CGT Regional, reeligiendo a José “Pepe” Pihen como secretario general de la central y a Ilda Bustos (Gráficos), José Porras (Smata) y Raúl Ferro (Bancarios) como secretarios adjuntos.

La intención de Urbano y Chacón era clara: dar el mayor volumen posible al documento que presentó objeciones a la elección. Pero en el caso de sindicatos cómo el Surrbac o Luz y Fuerza, que no forman parte de la CGT Regional sino de la CGT Rodríguez Peña, su interés parece más dirigido a mostrarse como parte de un sistema gremial mayor, esquivando -al menos por un rato- el aislamiento en el que los pone un presente adverso.