Diego Lanese.

Este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional llamó a concurso para cubrir más de 300 cargos en el Estado nacional, lo que generó una fuerte polémica con la oposición, que salió al cruce de la iniciativa, a menos de dos semanas de que se elija presidente, y con el antecedente de las PASO. Desde el Frente para La Victoria criticaron la medida, y aseguraron que la misma podría violar la ley de Responsabilidad Civil. Apenas conocida la noticia, algunas voces emparentaron esta decisión con la creación del Registro de Alta Dirección Pública, un programa especial que le da estabilidad laboral a unos 2.500 empleados jerárquicos, vinculados a la gestión Cambiemos.

En medio de las discusiones, desde ATE aclararon su postura respecto del decreto, al cual desvincularon del registro de jerárquicos, el cual acordó el gobierno con el gremio UPCN. “En principio estamos de acuerdo con este llamado”, sostuvieron desde el sindicato, que viene reclamando por la normalización de miles de estatales que desde hace años no tienen estabilidad laboral.

El decreto oficial, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del secretario de Modernización, Andrés Ibarra, llama a concurso para cubrir 313 cargos en el Estado, a poco más de 10 días de las elecciones generales. En el detalle, los cargos serán distribuidos en el ministerio del Interior (95 cargos), secretaría de Modernización (63 cargos), jefatura de Gabinete (101 cargos), Ministerio de Justicia (41 cargos) y dirección Nacional de Migraciones (13 cargos). Casi de inmediato, el diputado Guillermo Carmona salió al cruce de la iniciativa y denunció que la medida “viola la ley de Responsabilidad Fiscal” y busca el ingreso “de simpatizantes de Cambiemos a la planta estatal”.

En el gobierno rechazaron los dichos, y afirmaron que la propuesta cuenta con el consenso de los gremios estatales. “Nosotros estamos enterados, porque somos parte del tema, y además estamos a favor”, le dijo a Gestión Sindical una fuente de ATE, sobre el decreto. La misma fuente aclaró que la noticia “se prestó a confusión”, ya que el concurso es para “personal con 10 años de antigüedad, y en dos casos con cinco, es decir, toda gente que ingresó antes que Macri sea presidente”.

Para ATE, este decreto en particular “es parte de la regularización del empleo que venimos pidiendo hace un montón de tiempo, y logramos que se utilice un método de concurso que es ágil y vamos a probarlo, más allá de que esta gestión está a días de irse”. Cuando se conoció el decreto, muchos lo vincularon con el llamado Registro de Alta Dirección Pública, una iniciativa rechazada por el gremio estatal que da beneficios de estabilidad laboral a unos 2.500 estatales jerárquicos, con sueldos de hasta 250.000 pesos. Según dijo en una reciente entrevista con Gestión Sindical Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general del gremio estatal, el registro tiene como único objetivo “coartar la carrera administrativa de la mayoría de los estatales nacionales y además establecer una camada de funcionarios que boicoteen las políticas de cambio de las próximas autoridades”.

Este registro “nada tiene que ver con el decreto de esta semana”, ratificaron las fuentes estatales, que recordaron que por el momento el registro no está puesto en marcha por el rechazo gremial. “Lo que si vimos es que en algunas dependencias están haciendo cambios de estructura, como en el Ministerio de defensa, donde se crean coordinaciones o subsecretarías con nombramientos transitorios de personal que sí entendemos son militantes o simpatizantes macristas”, explicó la misma fuente consultada.

Cuando se conoció el decreto, desde la oposición le apuntaron al momento en que se hizo, a pocos días de las elecciones. En este sentido, Guillermo Carmona, diputado nacional por Mendoza, aseguró que “esta situación no puede ocurrir a 12 días” de los comicios. “Es un festival de designaciones y llamados a concursos de altos cargos de la administración pública. Los muchachos del republicanismo se preparan para pasar a cuarteles de invierno”, agregó según distintos medios el legislador.

Pero desde ATE aclararon la situación. “Creo que se confunden con un decreto que no permite contratar más gente en el Estado nacional, pero no dice nada de cambiar el estatus de relación laboral, es decir, que trabajadores pasen a planta después de 10 años de precariedad”, concluyeron desde ATE.