Las empresas alimenticias volvieron a pronunciarse en contra de pagar el impuesto a las grandes fortunas, luego de que la norma de aporte solidario de las fortunas de más de 200 millones, fuera aprobada en el Congreso.

De esta manera volvieron a mostrar su falta de predisposición para recomponer la situación social, económica y productiva generada por la pandemia de coronavirus y por la enorme deuda social que dejó la gestión de Mauricio Macri.

Pero, además, mostraron que sus prioridades son satisfacer su propia ganancia, porque volvieron a pedirle al gobierno nacional que les permita seguir aumentando los precios, eliminando el tope de máximas subas.

La situación pone en eje nuevamente la importancia de una Ley que regule el comportamiento monopólico de las gigantes alimenticias que avanzan con aumentos más allá de cualquier contexto económico y social: La Ley de Góndolas.

“Impuesto al patrimonio”

Para Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL), representante de las gigantes del sector, el aporte solidario «es un impuesto al patrimonio».

«Desalienta la inversión», enfatizó el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, algo que los legisladores del Frente de Todos negaron al fundamentar el proyecto.

Las alimenticias presionan por la liberación de los precios

El titular de la Copal reiteró que los empresarios fabriles «no estamos de acuerdo» con la iniciativa de Máximo Kirchner y Carlos Heller que aprobó el kirchnerismo co aliados en el Congreso.

De solidarios, nada

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja criticó el Aporte Solidario y Extraordinario por entender que es «un impuesto al patrimonio», mientras aseguró que lo que promoverá el crecimiento en la Argentina es el sector privado.

Los empresarios siempre ganan

«El Gobierno sabrá lo que hace. Creemos que desalienta la inversión», enfatizó el también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). En ese sentido, el industrial reiteró: «No estamos de acuerdo, claramente».

Según su consideración, la iniciativa del Frente de Todos constituye «un impuesto al patrimonio y no a la riqueza». Funes de Rioja destacó que, pese a estar en contra del proyecto que ya es ley, la UIA «ha planteado alternativas» respecto de «lo que no debería computarse».

Hacer crecer a la Argentina

En otro pasaje de la entrevista el empresario alimenticio fundamentó su rechazo en el tradicional discurso de victimización del sector privado, y en que, según él, sería el único sector capaz de hacer crecer al país.

«Lo que va a hacer crecer a la Argentina es el sector privado y lo que vemos en estos últimos años es que lo que ha crecido es el Estado y el empleo público en desmedro del empleo privado».

Sus dichos buscaron sustentar la rebelión fiscal que varios representantes del sector de Alimentos y Bebidas desempolvaron, situándose como un sector de cuasi privilegio al que, incluso, ni la Ley debería alcanzar.

Lo que cabe preguntarse es si la desregulación total que ellos pretenden afecta realmente a sus ganancias, ya que las dos empresas del sector que concentran el 60% del mercado interno (Arcor y Molinos) tuvieron ganancias multimillonarias en 2020, según sus balances.

Presión fiscal, y rebelión patronal

En declaraciones radiales, Funes de Rioja advirtió que «la otra realidad en materia de política fiscal es que ha crecido la informalidad» y apuntó: «Tenemos más de 160 impuestos entre Nación, provincia y municipios».

«Con esta presión fiscal, el 30 por ciento del país paga impuestos y un 70 por ciento no lo hace», fustigó y advirtió que hay «informalidad que compite deslealmente».

El oficialismo aprobó el viernes en el Senado la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para personas con patrimonios desde los $ 200 millones y con el que se espera recaudar más de $ 300 mil millones.

La iniciativa establece que la alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para los bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30% de esas tenencias.

A pesar de su supuesta voluntad de legalizar la situación de muchos ante el Estado, Funes de Rioja dejó trascender que la posición patronal generalizada es que los empresarios se nieguen a pagar el impuesto, justificando la postura de las grandes empresas.

2020, un año de ganancias

Las quejas de las grandes alimenticias por el impuesto a las grandes fortunas contrasta con la situación económica que atravesaron a lo largo del 2020, en el que, por el aumento de precios por encima del promedio inflacionario, tuvieron ganancias en sus balances.

En los últimos 20 días, de hecho, tanto Molinos como Arcor, que concentran el 60% del mercado alimenticio local con sus productos registraron ganancias al presentar sus informes anuales, lo que contrasta con la situación generalizada delos trabajadores y trabajadoras.

Es más, ambas empresas fueron las que mayor oposición y reticencias tuvieron en las negociaciones salariales con los trabajadores, aún a pesar que sus aumentos constantes socavaron el salario, y generaron mayor pobreza en el país.