La alimenticia Arcor, presidida por Luis Pagani, informó que repartirá $ 7.000 millones entre sus accionistas.

El anuncio se da en medio de las negociaciones paritarias por los salarios de las trabajadoras y trabajadores del gremio de Alimentación, y en el marco de la polémica por los aumentos injustificados de los precios de los alimentos.

Un síntoma de época

A pesar de los reclamos del empresariado y de los planteos que los lobistas de las grandes alimenticias les hacen al Gobierno, Arcor informó que repartirá millonarias ganancias entre su accionistas.

Sin duda, el anuncio constituye una señal de que algo funciona muy mal en relación con la distribución de ingresos, la formación de precios y el rol del Estado en materia de arbitraje y control.

La distribución de ganancias millonarias entre los accionistas de la alimenticia escandaliza si se tiene en cuenta el empobrecimiento y pauperización de calidad de vida que sufren algunos sectores de la sociedad, en particular, los que trabajan en la informalidad (35% de los trabajadores y trabajadoras según estimaciones oficiales).

La noticia es todo un síntoma de época y una caracterización de la grieta que separa a los que más tienen, de los que menos poseen.

A pesar de que el ministro Martín Guzmán haya indicado que hoy la desigualdad es menor a la de 2017, la realidad es que la brecha sigue siendo escandalosa y los indicadores relativos.

El sitio Chequeado analizó los datos en un informe y lo cierto es que el contexto en que se produjo esa corrección; fue en el de un aumento de la pobreza y una reducción general de los ingresos.

Mientras que las grandes alimenticias se llenan los bolsillos, la inseguridad alimentaria crece desbocada y casi se duplicó en los últimos cinco años.

La pérdida del salario real  lleva cinco años seguidos, una tendencia que recién este año comienza a revertirse en sectores sindicalizados y con representación gremial de peso; como ser el caso de Alimentación.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la región las personas que no comen todos los días pasaron de representar el 5,8% entre 2014 y 2016 al 12,6% entre 2018 y 2020. En la actualidad, los indicadores de Argentina están por encima del promedio de la región.

Lo paradójico de estos datos, es que un país agroexportador que produce alimentos para 400 millones de personas, tiene a más del 10% de su población viviendo en un contexto de inseguridad alimentaria grave. Es una observación tan trillada como vergonzante.

Ganan a costa de pobreza y hambre

Arcor es una empresa que representa de forma íntegra a las grandes multinacionales que operan en el país: no tienen empatía con sus trabajadores y se enriquecen dándole la espalda a la sociedad.

El comportamiento abusivo de las grandes alimenticias constituyen todo un problema para el Gobierno que no tiene capacidad de controlarlas.

Sin embargo, los que más padecen el comportamiento de las empresas que se encuentran en situación dominante, son los sectores más bajos; los que destinan el mayor porcentaje del total de gastos del hogar a la alimentación.

El Gobierno no puede controlar a las grandes empresas y la sociedad las padece, sin embargo, la lista de afectados es bastante más larga.

Los supermercadistas son, también, víctimas de los abusos de las multinacionales ya que no pueden negarse a aceptar las condiciones que les imponen.

De hecho, en los últimos meses existieron casos de desabastecimiento, y aún hoy; las primeras marcas brillan pos su ausencia en muchas góndolas.

Existen denuncias por faltantes de productos, incluso, durante el último tiempo, se agravaron en ítems de Precios Cuidados.

Según los supermercadistas, esto se debe a que las grandes empresas de consumo les retacean productos para venderlos en comercios de proximidad, lejos del radar de los controles de precios del Estado.

Un problema para el gremio

Para los propios trabajadores y trabajadores de Alimentación, las grandes empresas también suponen un problema a la hora de negociar salarios.

El gremio de Alimentación, que se encuentra negociando una actualización del Convenio Colectivo, tiene que considerar que la pauta salarial rige para las grandes empresas, pero también, para las miles de Pymes de todo el país que son víctimas de la cartelización y  las maniobras oligopólicas de las multinacionales.

Es decir, las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleos generan;  en muchos casos, no tienen la espalda financiera para soportar incrementos salariales de consideración.

Por esto, es que la actualización del Convenio tiene que considerar la capacidad de cada una de las empresas para hacer frente a los pagos de las subas salariales.

Las grandes empresas pueden asumir los costos de la paritaria que reclama la Federación, y quizás más, sin embargo, las realidades de las pymes, son muy disímiles.

En este sentido, muchas filiales hacen hincapié en la necesidad de reclamar con la mayor justicia posible, cuidando no llevar la situación a un punto de quiebre.

Una de las herramientas que tiene el gremio, es el de aspirar a una redistribución de las ganancias por medio de pedidos de bonos a las empresas que obtuvieron rentas que permitan compensar a las trabajadoras y trabajadores.

El Gobierno mira de lejos

Hasta ahora la administración de Alberto Fernández ha dado muestras de impotencia y de un abordaje ineficiente de la problemática.

De hecho, el Secretario de Comercio, Roberto Felleti, asoma como un Quijote en una lucha desigual que lleva adelante de forma aislada y sin un respaldo institucional consistente.

El problema de los precios de los alimentos y el rol de las grandes empresas, debería ser un tema central en la agenda del Gobierno.

Hasta ahora, el abordaje de la problemática se basó en amenazas y gestos graves que denotan un profundo enojo personal con la situación, pero sin ningún tipo de abordaje institucional concreto.

Lo que más preocupa, es que el frente político en el Gobierno, el que pidió el voto de la ciudadanía, el que reclamó gobernar para representar intereses populares, el que ahora debe enfrentar a las corporaciones; se encuentra desorganizado y se fagocita y consume por conflictos internos que favorecen a una derecha que se relame de cara a las próximas elecciones.

Un Gobierno incapaz de realizar una ofensiva coordinada que involucre a los ministerios y órganos de control del Estado, poco puede hacer contra los intereses de las multinacionales.

Planteado el asunto, vale preguntarse, ¿por qué habría de extrañarse, ante el surgimiento de propuestas basadas en discursos incendiarios de personajes que representan el privatismo y atacan un Estado perezoso que no responde a las expectativas  y necesidades más urgentes de la gente?.

El capital político del Frente de Todos está erosionado y la gestión de Alberto Fernández pierde legitimidad en medio de cruces internos y falta de consensos en temas básicos.

La inflación está fuera de control, los abusos de las empresas son escandalosos, la pobreza y el hambre golpean cada día a más familias. El crecimiento registrado en términos de PBI, no parece beneficiar más que a un puñado de grandes empresas y a los especuladores financieros.

El dato que le pone el moño a esta ignominia es que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó en marzo que la pobreza infantil alcanzó el 51,4% en el segundo semestre del 2021 y afecta a 5,5 millones de menores de 14 años.