Según informó el gremio, la presentación se realizó el viernes 2 de octubre en la Carpeta CONC N° 2140. El escrito fue firmado por Gonzalo Ottaviano, secretario gremial y apoderado de ASiMM, quien solicitó que el sindicato sea admitido como tercero interesado directamente afectado.

El planteo pone el foco en la concentración del poder para contratar el trabajo de reparto. Según ASiMM, la adquisición reduciría las alternativas de los repartidores y fortalecería la capacidad de la empresa para imponer tarifas, aplicar sanciones y administrar sus fondos.

“Esta operación es de USD 14.800 millones y deja a los repartidores del país frente a una sola patronal todopoderosa”, sostuvo Ottaviano en el comunicado.

“Al eliminar a su competidor directo, Uber se convertiría en el único empleador de hecho, con capacidad de fijar tarifas, sancionar por algoritmo y retener fondos sin alternativa para el trabajador. Por eso nos presentamos a defender a los compañeros”, agregó.

Para respaldar su presentación, ASiMM informó que acompañó ocho anexos, entre ellos un informe técnico y liquidaciones de jornadas de reparto. En dos muestras de 12 y 14 pedidos, consignó pagos por kilómetro de $249,39 y $291,44, respectivamente.

“Las liquidaciones que presentamos son de jornadas reales. La plataforma paga entre $249 y $291 por kilómetro, un valor que no cubre el combustible, el mantenimiento ni la amortización de la moto y la propina del cliente termina tapando la insuficiencia de la tarifa base”, afirmó Ottaviano.

Entre las exigencias para una eventual autorización, la organización planteó tarifas piso vinculadas a los costos de vida y de combustible, la eliminación del sesgo sancionatorio de los algoritmos y transparencia sobre la billetera virtual del grupo.

El escrito sostiene que Delivery Hero opera de manera integrada en el país, mediante la plataforma de ventas, los depósitos para preparar pedidos, la logística de reparto y la billetera virtual. Por eso, el gremio advierte que la adquisición también alcanzaría los fondos, las liquidaciones y las cobranzas de los repartidores.

ASiMM solicitó la apertura de una investigación profunda, denominada Fase II, en los términos del artículo 14 de la Ley 27.442. También invocó el efecto suspensivo del artículo 9 para sostener que la operación no puede producir efectos en la Argentina hasta que la autoridad se pronuncie.

Según el comunicado sindical, el cierre de la adquisición está proyectado para la segunda mitad de 2027 y sujeto a las aprobaciones correspondientes. Frente a ese escenario, Ottaviano reclamó una intervención que contemple las condiciones laborales denunciadas: “Esto es lo que va a quedar sin control si no se frena esta concentración”.