La polémica por la venta ambulante sigue generando críticas. El secretario de Acción Social de la delegación provincial de la CGT, Juan Daniel Acosta, remarcó ayer que "muchas veces" los fallos de la Justicia "no contemplaron el aspecto social de la idiosincrasia" de la provincia. Los dichos del sindicalista se conocieron en medio de los cruces de posiciones entre la Federación Económica de Tucumán (FET) y el Gobierno provincial, por el acuerdo oficial que permite a los cuentapropistas permanecer en el microcentro de la capital hasta enero, y en relación a la sentencia emitida en 2006 que ordenó a la intendencia capitalina a erradicar el comercio informal de la vía pública, en el marco de ordenanzas municipales.

"Causa preocupación el planteo de los empresarios, que al día de la fecha insisten en que los vendedores ambulantes dejen el radio céntrico, ajustándose a la decisión emanada de la Justicia", afirmó el dirigente en un comunicado.

En esa línea, Acosta realzó la decisión del Gobierno de "dejar trabajar" a las familias involucradas (300 puesteros) hasta el 6 de enero. "No significa enfrentar a los comerciantes, quienes plantean, con alguna razón, situaciones distintas, sino tener en cuenta que con esa determinación contenemos a seres humanos: hombres, mujeres y niños", expresó, por la informalidad laboral.

"Todos sabemos que debemos regular la actividad (...) Deben buscarse consensos entre los sectores de la sociedad", añadió.