Los miembros de la CGT local manifestaron su apoyo al decreto del gobernador Carlos Verna que rebaja Ganancias a funcionarios y empleados estatales y denunció a dirigentes del radicalismo por montar “una operación política” para atacar esa decisión del Ejecutivo pampeano. “No hay una exención”, aclaró el diputado del PJ y secretario general de UPCN, Jorge Lezcano.

Junto al secretario general de la CGT, Luis Faggiani, y el telefónico César Montes de Oca, Lezcano se quejó de la interpretación que hicieron medios locales y, principalmente, los canales porteños, que presentaron el decreto como una forma de beneficiar a diputados y funcionarios. También aclararón que el decreto no exime de Ganancias sino que delimita items del sueldo que no están sujetos a descuentos por ese tributo.

“No es una exención. Lo que hace es cumplir con lo que ya se hace desde hace muchos años, ahora, en La Pampa”, señaló Lezcano. El gremialista historió los antecedentes de la medida tomada en la provincia. Recordó que en el año ‘96 una acordada de la Corte Suprema de Justicia determinó que los empleados judiciales no tributan Ganancias sobre movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas.

Lezcano indicó que el gobierno nacional pretendió voltear la acordada pero finalmente fue ratificada por el máximo órgano judicial. En el ‘97 el entonces gobernador Néstor Kirchner la trasladó a los empleados judiciales de su provincia. Luego se fueron sumando Chubut, Río Negro, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional. En La Pampa, según mencionó, el Superior Tribunal de Justicia determinó desde 2005 que la dedicación funcional es una compensación análoga y dejó de incluirse dentro de la base de cálculo para deducir Ganancias para los funcionarios y empleados de los tribunales. “No es solo La Pampa”, reafirmó Lezcano.

Por otra parte, el gremialista sostuvo que el beneficio abarca a “todos los trabajadores”, aunque en principio sólo lo “sientan” aquellos que tienen sueldos más altos y dejan de pagar el impuesto. “De aquí en más hay una nueva forma de conformación del salario que se va a aplicar en la próximas negociaciones paritarias”, destacó, en relación a que más adelante puede haber otros empleados favorecidos por la disposición oficial.

Lezcano precisó que los conceptos que no quedan a tiro de Ganancias según el decreto gubernamental son dedicación especial, responsabilidad funcional, antigüedad y reintegro de gastos.

“¿Para qué van a ir a la Corte si es una acordada de la Corte? Cuando los asesores del gobierno nacional pidan los antecedentes, se van a dar cuenta de eso”, dijo, respecto a la amenaza de acudir a la Corte desde el gobierno nacional.

Por su parte, el titular de la CGT, Luis Faggiani, se manifestó “en total acuerdo con lo que hizo la provincia”. “Hace años que venimos reclamando que se quite el impuesto. Esto lo vemos con buenos ojos. Y es para todos los trabajadores”, insistió. “Al gobierno anterior le hemos hecho paros por esto. Ahora se encontró el camino para empezar a dejar de pagar Ganancias”, explicó el apoyo de la central. De todos modos, aclaró que la solución sería que el gobierno nacional, a través de una ley, exima del pago de Ganancias a los asalariados.

Cuando se le consultó sobre la situación de los jubilados que siguen tributando Ganancia, respondió: “El que lo tiene que explicar es Macri. Lo primero que dijo fue que iba a sacar Ganancias”. “Acá hubo una operación política ¿Por qué no hubo quejas antes?”, se preguntó.

El telefónico Montes de Oca consideró que “el salario no es ganancia” y celebró la decisión política tomada por Verna. “Es una herramienta necesaria para que las organizaciones puedan peticionar en sus paritarias. Vemos con moderado optimismo el tema, es una punta de lanza importante”, aludió a las implicancias que tendrá la discusión en el sector privado.

“Altolaguirre avisó”

Los sindicalistas interpretaron que hubo una “operación política” detrás de la difusión del tema porque, denunciaron, el viernes pasado hubo una reunión en el Comité Provincia de la UCR, a la que asistieron el presidente, Hipólito Altolaguirre, el intendente Leandro Altolaguirre, y el diputado nacional, Francisco Torroba.

“Ellos tomaron la decisión de avisarle al gobierno nacional y de tratar de enmascarar esto como que era solo para los funcionarios en lugar de reconocer que atentan contra la economía de la provincia. Son 300 millones de pesos que dejarían de ingresar a La Pampa”, subrayó Lezcano. “El tema surgió ahora porque ahora avisó Altolaguirre”, concluyó.