La justicia citó a indagatoria a los trabajadores echados de la planta. Las audiencias comienzan hoy y llegarán hasta mediados de julio. Están acusados de usurpación por la Fiscalía, a partir de la denuncia del dueño, Javier Madanes Quintanilla.
Por Adriana Meyer
A poco de haberse cumplido 100 días del cierre de la planta, ubicada en San Fernando, sus trabajadores permanecen adentro para defender sus puestos pero denuncian que se profundizó la persecución judicial: 24 de ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa abierta por la denuncia penal del dueño de FATE, el empresario Javier Madanes Quintanilla, por el delito de usurpación. Para los trabajadores, quien está fuera de la ley es el empresario porque lo que hizo al cerrar la fábrica es un paro patronal, o lock out. “Es una movida patronal para apretar a los que estamos acá, sobre todo en la permanencia, dentro de la planta y en el techo, y también contra la dirección del sindicato”, dijo a Página/12 el histórico referente de FATE, Víctor Ottoboni.
Este conflicto empezó en la madrugada del 18 de febrero cuando 920 trabajadores fueron despedidos. Desde entonces, un grupo de empleados de FATE se mantiene en vigilia dentro del predio para resguardar las maquinarias y exigir la conciliación obligatoria. En ese momento, varios de los operarios estaban de vacaciones y se enteraron del cierre de la planta por los medios, otros llegaron a cumplir su turno y encontraron las rejas con candados y un cartel que anunciaba el cese de actividades.
A las pocas horas, Madanes Quintanilla radicó una denuncia penal por usurpación, adujo hechos de violencia y exigió la devolución urgente de la planta. El juez de Garantías Esteban Rossignoli falló a su favor y ordenó el desalojo, pero tras la apelación del equipo de abogados invocando el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, la Cámara de Apelaciones de San Isidro suspendió la orden de desalojo mientras evaluaba el recurso. Y casi un mes después, el tribunal falló a favor de los trabajadores, lo cual fue leído por ellos como el encuadre del conflicto por parte de la justicia en el ámbito laboral, y no penal.
Ahora, quien solicitó las indagatorias en la causa que sigue abierta, es el fiscal Marcelo Fuenzalida, quien ya se había pronunciado a favor del desalojo. Sobre él pesan críticas en otros expedientes sensibles. Organizaciones y familiares de víctimas lo han cuestionado por su desempeño en investigaciones vinculadas a violencia de género y abuso sexual, y reclamaron en distintas oportunidades su apartamiento.
“Somos 24, hay varios compañeros de la Comisión Directiva del Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático), de la Comisión Ejecutiva, delegados, y varios compañeros de base que no tenemos cargo gremial, pero que estamos imputados también”, dijo a Página/12 el operario Sebastián Tesoro. “Estamos lanzando una campaña contra las persecuciones judiciales, cumplimos 110 días de permanencia, denunciando fuertemente el lock out de la patronal de Madanes Quintanilla”, completó.
Tesoro destacó que hay más de 50.000 cubiertas en los depósitos, que la planta, desde el día que cerró hasta ahora, sigue energizada, con las máquinas en condiciones. “Hubo recambio de maquinaria previo al cierre, por eso decimos que no es un cierre, sino que es un lockout”, ejemplificó.
La Comisión Directiva del Sutna llamó para este miércoles 10, a las 4 de la tarde, en Plaza de Mayo, a una concentración por la reapertura de la fábrica de FATE y contra el cierre de fábricas y despidos en general, y para denunciar las políticas del gobierno. “Somos un grupo de trabajadores que centralmente estamos sosteniendo desde el día 1 la ocupación de la planta en los techos de la fábrica y en el alambrado, en la entrada con una carpa de familiares, con nuestras compañeras, nuestros hijos, nuestras familias, que nos parece bien la convocatoria a esta concentración del miércoles, pero entendemos que no alcanza”, dijo Tesoro. “Hay que profundizar las medidas con corte de ruta, de calles, con jornadas nacionales de lucha por la reapertura de la planta, con un plan de lucha”, agregó.
Por su parte, su compañero Ottoboni opinó que “el fiscal está actuando por presiones de la patronal, básicamente, acá la Fiscalía de San Fernando es un desastre”. Y explicó que esto coincide con lo que quiere hacer Madanes, que es normalizar la parte de Aluar. “Acá el predio de Fate es muy grande, son varias hectáreas, hay un edificio de oficinas de Aluar, que está más sobre la calle Pasteur. También ahí, lindante con ese edificio, hay otros edificios que pertenecen a Fate, está el centro de ensayos de neumático, y hace unos días empezaron a cercar, a poner un alambrado para separarnos de ese sector”, detalló. Ahí también está la oficina de Madanes y el quincho, que se usaba para fiestas y reuniones de los trabajadores, que en principio sería destinado a ser el comedor de los empleados de Aluar. En definitiva, Ottoboni resumió “este apriete viene más que nada para ponernos a la defensiva, apretarnos y que no les jodamos mucho el plan que tienen de normalizar el sector de Aluar”. Y agregó: “Aluar incluso tuvo ganancias millonarias, alrededor de 100 millones de dólares, en los últimos meses y deja miles de familias en la calle”.
Para Tesoro, Madanes Quintanilla quiere mostrar cierta normalidad porque los trabajadores y las trabajadoras de las oficinas comerciales de Aluar fueron convocados a volver a las mismas, dado que venían desde el 18 de febrero haciendo home office.
Desde el colectivo de trabajadores y familiares señalaron que las citaciones forman parte de una estrategia de persecución y amedrentamiento contra quienes sostienen el reclamo por la reapertura de la fábrica y la preservación de todas las fuentes laborales. “Mientras los trabajadores y sus familias llevan más de cien días de resistencia para defender sus puestos de trabajo, el aparato judicial vuelve a aparecer del lado de los poderosos”, expresaron.
A pesar de las citaciones judiciales, los operarios ratificaron que continuarán con las medidas de lucha. “No van a lograr quebrar nuestra organización ni nuestro reclamo”, sostuvieron, al tiempo que reiteraron su exigencia de reapertura de la planta y el respeto a los puestos de trabajo.
En tanto, la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman recordó que “hace más de 100 días están luchando contra el cierre ilegal de la planta del multimillonario Madanes Quintanilla, que se mueve con total impunidad y nadie lo molesta”. Y agregó: “Repudiamos esta nueva persecución de la justicia penal contra trabajadores que pelean por mantener sus puestos de trabajo para alimentar a sus familias. Los trabajadores necesitan una solución política inmediata a su reclamo, de lo contrario estos ataques continuarán, mientras el patroncito se da la gran vida, porque contra ellos, no hay uno que se les anime”.

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