Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía atribuyó la decisión a la fuerte contracción del mercado, el aumento de costos y las dificultades para sostener la actividad en el actual contexto económico. Según indicaron, el objetivo del proceso judicial es reordenar sus pasivos y garantizar la continuidad operativa, evitando una eventual quiebra.

El concurso preventivo es un mecanismo previsto en la legislación argentina que permite a las empresas renegociar sus deudas bajo supervisión judicial, mientras continúan funcionando. En este escenario, crece la preocupación por el impacto en el empleo, especialmente en su planta de Mar del Plata, donde ya se habían registrado tensiones en los últimos meses.

La situación de la firma se enmarca en una crisis más amplia del sector textil, afectado por la caída del poder adquisitivo, la baja en las ventas y un escenario productivo adverso. En los últimos meses, distintas empresas del rubro enfrentaron dificultades similares, lo que refleja el deterioro general de la industria a nivel nacional.