En primer lugar, la afirmación de que la fragmentación de fueros es una de las principales causas de la ineficiencia judicial carece de respaldo. No se presentan datos estadísticos, informes técnicos ni ejemplos concretos que permitan vincular la especialización con demoras o sobrecarga. Por el contrario, la falta de recursos materiales y humanos atraviesa a todo el Poder Judicial y explica mejor los problemas de funcionamiento que la mera existencia de fueros diferenciados.

Tampoco resulta convincente el señalamiento de supuestos conflictos de competencia entre los fueros comercial y laboral. La ley de concursos y quiebras regula de modo claro las materias de cada fuero y la jurisprudencia ha resuelto históricamente los eventuales puntos de contacto. Asegurar que la unificación evitará dilaciones procesales es, en rigor, una hipótesis sin correlato en la práctica judicial.

El cuestionamiento a la especialización como fuente de vínculos poco transparentes también resulta falaz. Se trata de un eco del discurso político que descalifica al fuero laboral como “industria del juicio”, sin aportar pruebas objetivas. Por lo demás, no hay garantías de que un fuero unificado sea menos permeable a lobbies o influencias indebidas. Basta recordar que el fuero comercial mantiene pendiente, desde hace más de dos décadas, el concurso del Correo Argentino, emblema de entramados de poder político y económico.

La apelación a la tecnología y a la inteligencia artificial para relativizar la importancia de la especialización es igualmente problemática. La función judicial no se reduce a consultar bases de datos ni a replicar precedentes: requiere criterio, prudencia y comprensión de la realidad social en la que se inserta. En particular, el derecho laboral exige sensibilidad frente a la desigualdad estructural entre trabajadores y empleadores, lo cual explica y justifica su sesgo protector. Desconocerlo en nombre de una supuesta neutralidad equivale a desnaturalizar la razón misma de su existencia como disciplina autónoma.

Por otra parte, el argumento de que el fuero comercial perdió sentido tras la unificación del Código Civil y Comercial en 2015 es contradictorio: si se sostiene esa idea, el camino lógico sería su integración con el fuero civil, no con el laboral, cuyas lógicas, materias y principios son diametralmente distintos.

Finalmente, el uso del fallo Ferrari c. Levinas como sustento político refuerza la sospecha de que la iniciativa responde a una agenda de debilitamiento del fuero laboral. Ese precedente, ampliamente criticado por extralimitar la función jurisdiccional de la Corte, es más un síntoma de inseguridad jurídica que un argumento a favor de la unificación.

En suma, lejos de constituir un plan serio de modernización, el proyecto parece orientado a erosionar la autonomía del derecho laboral y a someterlo a una lógica de mercado incompatible con su esencia protectoria. Bajo la retórica de eficiencia y transparencia, lo que se esconde es una operación política que persigue la reducción del rol del Estado en la tutela de los trabajadores. La verdadera modernización de la justicia requiere inversión en recursos, mejora en la gestión, incorporación tecnológica responsable y fortalecimiento de la independencia judicial, no el vaciamiento de los fueros especializados que resguardan derechos fundamentales.