Las alimenticias y sus estrategias para subir precios alertaron al Gobierno.

Por eso, la Secretaría de Comercio imputó a una decena de empresas de primera línea.

Es por generar desabastecimiento ya sea por menos producción o retención de sus volúmenes.

Entre las acusadas también están Molinos Cañuelas, Bunge, Fargo, Aceitera General Deheza y Potigian.

En el banquillo

La Secretaría de Comercio acusó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian “por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.

Es la imputación que realizó la Secretaría que dirige Paula Español.

La misma se produce en momentos en que el Gobierno impulsa una baja en los precios de los alimentos.

La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), realizó estas acusaciones luego de verificar que esas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”.

Esa obligación quedó establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida en 20 marzo del 2020.

Faltantes en góndolas

Según la información oficial, inspectores de la SSADC identificaron algunos faltantes.

Se trata de productos de consumo masivo que fueron quitados intencionalmente.

A partir de esta evidencia, los inspectores pidieron información sobre stocks.

Esto, e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

Del análisis de la información remitida por las empresas “se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, señaló la información oficial.